La Fiscalía titubea en la defensa a Begoña: sí que hubo ‘mails’ pero no «perjuicio»
El fiscal que hablaba de «colaboraciones puntuales", eeconoce ahora tres años de «actividad adicional»
Begoña Gómez junto a Cristina Alvarez en la tribuna de público en el Congreso.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha reajustado en los últimos días a contrarreloj su relato exculpatorio a favor de Begoña Gómez ante las acusaciones del juez Juan Carlos Peinado de malversación con las que pretende llevar a la mujer de Pedro Sánchez al banquillo ante un jurado popular. La sorpresiva irrupción de los 121 mails aportados la pasada semana a la causa por el vicerrector de la Complutense Juan Carlos Doadrio, en los que se certifica —según la Guardia Civil— que la asistente de Moncloa Cristina Álvarez gestionó durante tres años de forma ininterrumpida la cátedra extraordinaria de Gómez (desde minucias a la relación clave con una quincena de patrocinadores) ha obligado a un reposicionamiento exprés del Ministerio Público en el nuevo tablero de este mediático caso. El mismo fiscal que en mayo clamaba por el archivo de la causa por el supuesto uso de Álvarez para gestionar la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) porque no había pruebas de que la todavía hoy directora de programas de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno hiciese más allá de algún favor «puntual» a su amiga y jefa en la gestión académica, ahora en su último alegato ante el juez Juan Carlos Peinado ya no se atreve a repetir aquello de que solo fueron «colaboraciones concretas». Las cuatro páginas que el pasado sábado 27 de septiembre el fiscal José Manuel San Baldomero entregó a Peinado —el mismo al que acusaba de «escasez argumental» en primavera— pidiendo en sobreseimiento de la causa por malversación contra Gómez, Álvarez y el delegado de Gobierno en Madrid, Fran Martín, son una enmienda a su anterior argumentario. San Baldomero, tras leer los 121 'mails', no llegó tan lejos el pasado fin de semana como reconocer en su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, que Álvarez gestionara el día a día de cátedra de TSC de Gómez. No obstante, sí que tuvo que plegar velas y admitir lo que antes negaba tajantemente: que «entre los años 2021 y 2024, Álvarez ha enviado y recibido electrónicos en nombre de Begoña Gómez en el marco de la actividad que ésta desarrollaba hasta julio de 2024 en la cátedra", aunque eso sí, subrayando que la mujer de Sánchez «no recibía remuneración alguna» por codirigir ese grado. Lejos quedaba el escrito en el que este mismo fiscal de la Sección de Delitos Económicos el 8 de mayo aseguraba tajante que «no estamos ante un supuesto de (.) desvío de actividad de trabajadores o funcionarios dirigido a un beneficio particular». Tampoco el sábado San Baldomero reiteró los argumentos de cuatro meses atrás en los que recordaba que el nombramiento de Álvarez era «legítimo, legal y usual a lo largo de los años de democracia en España", ya que todas las esposas de los presidentes han contado con un asistente (a veces, incluso, dos), «justificado» todo ello «por actuaciones de agenda, coordinación con la seguridad, y asistencia en general». Entonces subrayaba la Fiscalía que el «ni el nombramiento (de la asistente de Moncloa) se dirige a un auxilio para actividades profesionales privadas de Gómez ni la actuación de Álvarez se ha centrado en ello, más allá de colaboraciones concretas y puntuales».