El PP someterá a Sánchez a un tercer grado en el Senado bajo aviso de que no mienta

La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión del Senado que investiga el 'caso Koldo', la cual quedó fijada este jueves para el 30 de octubre a las nueve de la mañana, promete convertirse en otra cita de alto voltaje político. El PP prepara un tercer grado para recibir a Sánchez en la Cámara alta, donde los populares juegan en casa porque disponen de mayoría absoluta. Para empezar, ya han avisado al jefe del Gobierno de que, en su intervención en la Cámara alta, está obligado a decir la verdad porque si no lo hace, «incurrirá en un delito penal» y se puede ver abocado al horizonte de los tribunales. Génova va más allá y lanza una advertencia: «No habrá condescendencia con él».

Tras haber anunciado hace 18 meses que citaría a Sánchez y con voces dentro del partido que temen que éste pueda sacar algún beneficio de su intervención, la dirección del PP apretó este jueves el botón de la presencia de Sánchez en el Senado con la concreción de la fecha, un día después del funeral de Estado que se celebrará en Valencia en el primer aniversario de la dana de Valencia. Y siempre que el presidente no alegue algún compromiso en su agenda -singularmente, la internacional- que obligue a posponer la declaración.

"Sánchez tendrá que dar explicaciones en el Senado, con luz y taquígrafos. Aquí, frente a toda España, deberá responder por lo que ha hecho, por lo que ha permitido y por lo que ha encubierto. Y si no lo hace, España lo entenderá como una confesión", abrió el fuego la portavoz del PP en la Cámara alta, Alicia García, encargada de anunciar la fecha de la comparecencia.

García acusó al presidente de "bajar su listón moral cada día" y de convertir "La Moncloa en un refugio de imputados, y a su Gobierno y a su partido, en su centro de negocios particular". "Tiene a todo su entorno bajo sospecha y solo él pretende quedar impune, pero no hay cortina de humo que oculte su responsabilidad y su obligación de responder por su agenda judicial", añadió García.

La comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' ha mutado a lo largo de estos 18 meses. Bajo el paraguas de los escándalos del exministro José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el exasesor del primero en el Ministerio de Transportes Koldo García, el PP ha puesto en marcha una maquinaria que se ha marcado como objetivo fiscalizar todos los escándalos y los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y al presidente del Gobierno. En este año y medio de comisión ya se han celebrado casi 90 comparecencias, entre ellas, las de los ministros Ángel Víctor Torres (citado en tres ocasiones), Fernando Grande-Marlaska, María Jesús Montero, Luis Planas y Elma Saiz; el exministro José Luis Ábalos; el exministro y actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta del Congreso; y la expresidenta de Baleares y hoy máxima responsable del Congreso, Francina Armengol.

En Génova ya deslizan algunas de las preguntas que el jefe del Ejecutivo tendrá que responder después de que este martes admitiese públicamente que él también había cobrado dinero en efectivo procedente de su partido. Los populares quieren saber cuándo, cuánto y por qué cobró ese dinero. Según la Ley 7/2012 de Lucha contra el Fraude, en este tipo de operaciones no se pueden abonar importes superiores a mil euros. Quienes los reciben "deberán conservar los justificantes del pago, durante el plazo de cinco años desde la fecha del mismo" y están "obligados a aportar estos justificantes a requerimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria".

"Ingente dinero en metálico" 

La formación de Alberto Núñez Feijóo pondrá el foco también en la procedencia de ese "ingente dinero en metálico" con el que, según ha revelado el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se pagaba a Ábalos, Cerdán y Koldo. Instarán también al presidente a aclarar si "el PSOE tiene extractos bancarios que acrediten retiradas de efectivo en alguna de sus más de 400 cuentas corrientes que justifiquen que en Ferraz hay soles, lechugas y chistorras", en alusión a la jerga que utilizaban los implicados en la trama corrupta para referirse a los billetes de 100, 200 y 500 euros. Habrá tiempo también para "arrinconar" -enfatiza el primer partido de la oposición- a Sánchez por las causas que afecta a su mujer, a su hermano o al fiscal general del Estado.

No será una jornada fácil para el presidente. Cada grupo dispone de 55 minutos para interrogarlo. El PP lo hará en último lugar, y en la dirección nacional guardan con celo el nombre del senador encargado del cara a cara. Como confirmó Alicia García, su nombre saldrá de entre los 17 senadores que forman parte de la comisión de investigación, aunque la portavoz no quiso concretar más ayer.

En cualquier caso, las quinielas apuntan al portavoz de la misma, Alejo Miranda de Larra y el secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano, el número dos de Isabel Díaz Ayuso, que presentó en 2022 la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que supuso el punto de partida en la operación contra Koldo y la supuesta trama corrupta por la que Cerdán se encuentra en prisión preventiva.

El PSOE arremete contra el juez Leopoldo Puente: «Que se presente a las elecciones»

La «coda» final, como él mismo la denominó, contenida en el último auto del juez Leopoldo Puente, en el que justifica su decisión de no enviar a José Luis Ábalos a prisión preventiva, ha revuelto, como era de esperar, las aguas de la política. El Gobierno afeó ayer al magistrado que aprovechara el texto para expresar su «estupor» ante el hecho de que el exministro pueda seguir siendo diputado a pesar de los «consistentes indicios» de corrupción. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, dejó caer, tras un debate en la Cámara baja que «cada poder debe intervenir en su ámbito", pero fueron los dirigentes del PSOE con responsabilidades en el Congreso quienes lo criticaron con mayor crudeza.

Desde el entorno de la presidencia, Francia Armengol, ya dejaron claro ayer su malestar y rechazaron abrir esa «reflexión» sugerida por el juez sobre si es o no necesario abordar una reforma del Reglamento para que, en casos como el del exministro de Trasportes, sea posible suspender de sus funciones a los diputados. Pero hoy, el portavoz del grupo socialista, Patxi López, aprovechó no ya para hacer un reproche específico a Puente sino, de nuevo, uno general al «colectivo de los jueces"; algo que viene siendo habitual desde que la justicia empezó a investigar al entorno de Pedro Sánchez, pero también desde que el Gobierno empezó a encajar críticas del poder judicial por la amnistía al 'procés'. «Todo el mundo que respeta la separación de poderes sabe que los jueces aplican las leyes y no necesitamos que opinen sobre ellas", censuró el exlehendakari. «Lo que pasa es que en el colectivo de jueces de este país hay elementos muy curiosos, ¿no? —continuó— A los que no se puede criticar porque salen todos en tromba para protegerse y para denunciar que les estamos criticando, hacen huelgas en contra de leyes, incluso sin haberse aprobado, o hacen declaraciones, como la de este juez ayer, diciéndonos al Poder Legislativo lo que tenemos que hacer. Bueno, pues ya vale». En una entrevista en Onda Cero, el ministro Óscar Puente, dijo: «Ábalos hoy no sería diputado si del PSOE dependiera».