El Gobierno inicia el proceso legal para ilegalizar la Fundación Francisco Franco

El Gobierno abrió este viernes el frente judicial para la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, una de las asignaturas que le queda pendiente a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022. En junio de 2024, el ministerio ya abrió un periodo de actuaciones previas sobre el que ahora se asienta esta segunda fase del proceso en la que se trasladará el expediente elaborado a los tribunales para que se pronuncien sobre la extinción de la entidad. 

Los trámites corren a cargo del Ministerio de Cultura, del que dependen las fundaciones y que ha sido encargado de elaborar el expediente de disolución de la Fundación. En concreto, el Ejecutivo señala que su actividad viola tres preceptos de la legislación al enaltecer a la dictadura y a la figura de Francisco Franco, carecer de un interés general y vulnerar la dignidad de las víctimas del golpe de estado de 1936. Según resumió el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, "existe un sistemático menosprecio a las historias de las víctimas, minimiza el sufrimiento y el dolor que sufrieron". La Fundación conocía desde hace años la intención del Gobierno de coalición, ante lo que realizó una modificación en sus estatutos a modo de blindaje legal para remarcar el "máximo respeto a las víctimas de cualquier significación del periodo histórico de España entre 1931 y 1977". Este cambio, no obstante, no resulta suficiente para el Ejecutivo que sigue adelante con su propósito de ilegalización.

Se abre ahora un periodo de diez días en los que la Fundación podrá presentar alegaciones, tal y como hará según adelantó el presidente de la entidad, el general retirado Juan Chicharro. "Se parte, de entrada, de un supuesto absolutamente falso, que contamina toda la resolución, porque parte de unos estatutos de esta fundación que están ya obsoletos", defendió Chicharro en referencia a los cambios que se introdujeron en 2024. El ex militar consideró además que el Gobierno usa la Fundación para "desviar la atención de sus problemas". "Francomodín", lo denominó Chicharro. El PP coincide con el presidente de la Fundación en la intención oculta del Gobierno para distraer la atención de las investigaciones judiciales que pesan sobre el PSOE y el entorno de Pedro Sánchez. La portavoz en el Congreso de los populares, Ester Muñoz, no cree casualidad que "justo vuelvan a sacar el tema cuando estamos viendo lo que ha anunciado el Supremo de que no queda acreditado de dónde viene el dinero del PSOE para hacer pagos en metálico". El PP se asbtuvo cuando el Congreso debatió este ilegalización y considera de que en caso de materializarse debería extenderse la medida a "organizaciones que promueven el terrorismo o régimenes totalitarios". Una vez presentadas las alegaciones se iniciarán los trámites judiciales que en caso de desembocar en una resolución de ilegalización en un plazo estimado de nueve meses llevaría a la extinción de la entidad y la liquidación de su patrimonio, cuyo valor sería destinado a fines sociales. Entre los bienes de la entidad destaca un extenso archivo en el que se recopilan 30.000 documentos personales de Franco y que los historiadores reclaman que se abra a la consulta pública.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, dio por hecho que los tribunales avalarán la posición del Gobierno. "Si 50 años después conseguimos que su fundación sea extinguida, sea disuelta, será una buena noticia para la democracia española", señaló.

Pedro Sánchez aprovechó el 'Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la Dictadura' para cargar contra el revisionismo del franquismo que aplican PP y Vox, y que, según el presidente del Gobierno, es el desencadenante de que en la última encuesta del CIS un 21% de los españoles consideren como bueno o muy bueno el régimen de Francisco Franco. Sánchez mostró una especial preocupación por que sean los jóvenes el sector de la población en el que más ha calado el reconocimiento a las cuatro décadas de dictadura. Esto es responsabilidad, valoró, de aquellos que "constantemente se dedican a enturbiar el pasado para nublar el presente con el objetivo de deslegitimar la democracia y tumbar las libertades". Como ejemplos puso la sustitución de las leyes de memoria democrática por las bautizadas como de concordia en las comunidades en las que el PP gobierna con apoyo de Vox o la oposición de Isabel Díaz Ayuso a que Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid y antes de la Dirección General de Seguridad, sea reconocida como Lugar de Memoria Democrática. "Se trata de un edificio donde se torturó hasta el final de la dictadura", denunció Sánchez sobre el segundo caso.

 El líder del PSOE presentó al Gobierno de coalición como contrapeso a ese revisionismo a favor del franquismo. Primero resumió los logros de la Ley de Memoria Democrática en los tres años que lleva en vigor y entre los que figuran la creación de un banco de ADN para identificar a las víctimas o los avances en la exhumación de fosas comunes. De cara al futuro inmediato, el presidente enumeró la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, la aprobación antes de diciembre de un decreto para eliminar de las calles "sin excusas ni demora" los símbolos franquistas y la concesión de la nacionalidad española en el próximo Consejo de Ministros a 170 descendientes de brigadistas internacionales que combatieron bajo la bandera de la República en la Guerra Civil. 

 La de este viernes fue la cuarta conmemoración del 'Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la Dictadura', una efeméride establecida por la Ley de Memoria Democrática cada 31 de octubre. Durante el acto se entregaron 18 declaraciones de reconocimiento y reparación a víctimas, entre las que figuran el poeta Federico García Lorca, el general Vicente Rojo, la archivera y filóloga María Moliner, el cineasta Luis Buñuel o las 12 costureras asesinadas y sepultadas en una fosa del barranco de Víznar, en Granada. Junto a Sánchez, asistieron al acto las vicepresidentas Yolanda Díaz y Sara Aagesen; y los ministros Ángel Víctor Torres, Félix Bolaños, Margarita Robles, Óscar López, Isabel Rodríguez y Sira Rego.