Al juez Peinado se la cae una pieza del 'caso Begoña': tiene que archivar la causa para la alto cargo de Moncloa imputada

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado archivar la investigación contra la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judit González, tras su primera comparecencia como investigada por la contratación y el desempeño de las funciones de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el juez ha adoptado esta decisión después de que González declarara para desmarcarse de las acusaciones en su contra; todo ello después de que le informara de la causa y le trasladara los hechos que se le imputaban, que serían constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos.

Peinado indicó el pasado 4 de noviembre que citaba a González como investigada al considerar que pudo haber cometido un delito de malversación, "en la modalidad de comisión por omisión", al no evitar que Álvarez realizase labores de carácter privado para Begoña Gómez.

Este domingo, González ha contestado a las preguntas del juez, de su abogado y del resto de defensas, aunque solo le ha preguntado el abogado de Álvarez. Según las fuentes consultadas, ha explicado sus funciones y ha precisado que la asesora de Begoña Gómez no depende directamente de ella.

Así las cosas, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha acordado levantar la imputación de González al considerar que su cargo en Presidencia no guarda relación con los hechos que se investigan.

Cabe recordar que le citó por una de las ramas de esta causa en la que se indaga en si se produjo un desvío de dinero público en la designación de Álvarez como asesora de Moncloa y si ésta desempeñaba funciones privadas para Gómez en el marco de sus labores en la Universidad Complutense de Madrid.

González era la quinta persona investigada en este procedimiento, junto a Gómez, Álvarez, Francisco Martín Aguirre --que fue secretario general de la Presidencia desde julio de 2021 hasta marzo de 2023, cuando González asumió ese puesto--, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

La alto cargo de Moncloa estaba citada inicialmente a declarar el pasado 12 de noviembre, pero el instructor cambió la declaración para este domingo por incompatibilidad de agenda de uno de los abogados.

Las fuentes jurídicas consultadas han precisado que Peinado cambió la guardia al titular del Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid, por lo que la vista de este domingo se ha celebrado en la sala de vistas de este órgano, en la planta quinta de los Juzgados de Plaza de Castilla.

Al margen de la comparecencia de González, este domingo están citados a declarar como testigos el presidente del Instituto de Empresa (IE), Diego de Alcázar; el responsable institucional y políticas públicas de Google, Miguel Escassi; y el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM Juan Carlos Doadrio.

De Alcázar, que ha contestado a las preguntas de la acusación popular que lidera Hazte Oír, ha insistido en que desde el Instituto de Empresas no intercambiaron ningún correo electrónico con la asesora de Begoña Gómez mientras la esposa del presidente del Gobierno dirigía el África Center, dependiente del IE.

Según las fuentes consultadas, el testigo ha ratificado lo que ya declaró hace un año ante el juez, cuando explicó que se había contratado a Begoña Gómez porque tenía un currículum adecuado para el cargo. Este domingo, la acusación popular ha intentado preguntarle de nuevo por este extremo, pero el juez ha interrumpido el interrogatorio para recordar que esto ya estaba aclarado.

Judit González ha contestado a las preguntas del magistrado y del letrado que la defiende, así como a otro letrado de la defensa, han precisado fuentes jurídicas, que explican que se ha desvinculado de haber podido cometer malversación en lo relacionado con el puesto de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez.

A preguntas sobre las funciones de Álvarez, la alto cargo ha explicado que la asesora de Begoña Gómez no dependía de ella.

Tras Judit González ha declarado como testigo el presidente del Instituto de Empresa (IE), Diego del Alcázar, quien ha contesta a todas las preguntas que le han planteado las acusaciones, precisando que no hubo ningún correo entre IE y Cristina Álvarez en los cuatro años que Begoña Gómez estuvo vinculada a este organismo.

El Instituto de Empresa contrató a Gómez como directora del organismo África Center en agosto de 2018, tres meses después de que Sánchez fuera nombrado presidente del Ejecutivo, y Gómez estuvo en el cargo hasta junio de 2022.

Fuentes presentes en la declaración han incidido en que la declaración de Diego del Alcázar ha sido similar a la que ya efectuó en julio de 2024, cuando dijo que la contratación de Gómez se fundamentó en que tenía un currículum adecuado.

La vista y las declaraciones previstas para este domingo en la causa de Begoña Gómez se celebran en el Juzgado de Instrucción número 14 de Plaza de Castilla, ya que el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41, ha cambiado la guardia al primero.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid decidió el pasado 4 de noviembre continuar la causa por cinco presuntos delitos contra Begoña Gómez y contra las otras tres personas investigadas, e imputó a la actual secretaria general de Presidencia del Gobierno por presunta malversación de caudales públicos.

Se trata del mismo delito, por haber ocupado el mismo puesto anteriormente, por el que mantiene imputado al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y por el que llamó como testigo al actual ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que lo ejercía cuando se nombró a Cristina Álvarez asesora de Gómez en 2018.

El juez Peinado ve indicios de malversación en el nombramiento y desempeño de las funciones de la asesora Cristina Álvarez, al considerar que fue contratada con fondos públicos, si bien desempeñó funciones de carácter "estrictamente privado" en atención a la mujer de Pedro Sánchez.

El magistrado tomará declaración también este domingo al responsable institucional y de políticas públicas de Google, Miguel Escassi, y al ex vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio.