El Gobierno vuelve a ponerse en posición de combate contra el «acoso judicial»

En poco más de 24 horas el Gobierno y el PSOE pasaron esta semana del abatimiento a la ira; del desánimo por el informe de la UCO que, según reconocen sin ambages, «apuntala los indicios» de corrupción contra Santos Cerdán —uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez, artífice del ensamblaje de Junts y el PNV en la heterogénea mayoría que facilitó la investidura en 2023— a un enfado, que ahora aspiran a convertir en gasolina electoral, por el fallo condenatorio del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, procesado a su vez por fraude fiscal. Si los avances en la investigación sobre la presunta actividad delictiva del exsecretario de Organización del PSOE y de su antecesor, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, actúan como disolvente para la militancia y para los aliados parlamentarios del Ejecutivo, la histórica decisión del alto tribunal contra el máximo representante del Ministerio Público puede tener un efecto aglutinante, que el principal partido del Gobierno está determinado a explotar en un momento especialmente difícil de una legislatura siempre al borde del precipicio. Los socialistas han visto estos dos últimos días cómo, después de marcar distancias y volver a advertir el miércoles de que su respaldo se esfumará si llega a demostrarse que el PSOE se financió de manera irregular, la mayor parte del bloque de la investidura se alineaba con ellos, tras conocerse el veredicto del Supremo.

El Gobierno ha mantenido con el alto tribunal una relación tensa desde que la legislatura pasada decidió indultar a los líderes del ‘procés’ condenados, derogó el delito de sedición y rebajó la malversación para amarrar su mayoría parlamentaria. Con la ley de amnistía, tras las últimas generales, llovió sobre mojado . Es cierto, aun así, que Junts no ha dado muestra alguna de estar dispuesto a una reconciliación y se mantiene en la ruptura de relaciones anunciada hace un mes. Y que ERC o Podemos han aprovechado la coyuntura para echar en cara al PSOE que, cuando eran ellos los que denunciaban los desmanes de una Judicatura «facha», no encontraron su solidaridad. También han recuperado su exigencia de una reforma para cambiar las mayorías parlamentarias en la elección del Consejo General del Poder Judicial, en la que los socialistas no están dispuestos a embarcarse Pero con ese argumento del «acoso judicial» que marcó, hace ahora casi un año, el 41º congreso federal en Sevilla —ese en el que, al grito de «nunca antes hubo en democracia un ataque similar contra un presidente legítimo», Cerdán, ya señalado por el ‘caso Koldo’, fue ratificado como número tres del partido-, Sánchez prepara la resistencia. Si algo repiten en Moncloa es que el presidente no llamará a las urnas. Ni por la falta de Presupuestos ni por los varapalos en los tribunales. «Hay legislatura, hay rumbo y los resultados están ahí», repitió el viernes el ministro Luis Planas.

Soberanía «popular»

A las puertas de un nuevo ciclo electoral al que se asoman con expectativas limitadas en Extremadura, CyL y Andalucía, los socialistas consideran que la condena al fiscal general les da munición para activar a sus bases y al electorado de izquierdas. El jefe del Ejecutivo sí fijó el marco en el que pretente situar el debate el mismo jueves en el Congreso. Allí aseguró que batallará por «neutralizar la amenaza» de quienes quieren «tutelar» la soberanía popular.