Fin de fiesta: dura lex, sed lex...
García Ortiz: «He servido fielmente a la Fiscalía; mi voluntad siempre ha sido protegerla"
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El fiscal general dejó este lunes el cargo sin esperar a que se haga pública la sentencia completa del Tribunal Supremo que le inhabilita durante dos años por un delito de revelación de secretos. Álvaro García Ortiz prefirió acortar la agonía y presentó una carta de renuncia al ministro de Justicia, Félix Bolaños. En esa misiva de dos páginas afirmó haber «servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer». La renuncia, explica, es «un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española». García Ortiz, que ha sido el máximo representante de la institución durante tres años y cuatro meses, recalcó que el hecho de anticiparse a abandonar el puesto conociendo únicamente el fallo (que fue exclusivamente lo que el tribunal publicó el pasado jueves) se debe al «profundo respeto» a las resoluciones judiciales y a su voluntad «siempre presente, de proteger a la Fiscalía española». «Aunque mi determinación deriva directamente del fallo que me ha sido notificado, en mi haber tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional», abunda. La marcha oficial de García Ortiz se produce cuatro días después de que la Sala Segunda del Supremo anunciara que le condenaba, por cinco votos a dos, a 24 meses de inhabilitación para el cargo de fiscal general por un delito de revelación de secretos, en su modalidad leve de revelar informaciones a las que tuviera conocimiento por razón de su cargo. El tribunal presidido por Andrés Martínez Arrieta, que será el ponente de la sentencia, considera probado que habría participado en las maniobras para airear en marzo de 2024 datos confidenciales de la denuncia por doble fraude fiscal contra el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El alto tribunal también anunció que le imponía una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros a González Amador por el daño moral causado. Interinidad La salida de García Ortiz, que no se hará oficial hasta que la apruebe el Consejo de Ministros, previsiblemente este martes y luego se publique en el BOE, abre un tiempo de interinidad que en Moncloa esperan que sea breve. Entre tanto, esa responsabilidad recaerá sobre la número dos del Ministerio Público: María Ángeles Sánchez Conde. La teniente fiscal del Tribunal Supremo participó en el juicio defendiendo la inocencia de su superior. El nuevo o la nueva fiscal general será el cuarto que se nombre desde que Pedro Sánchez llegó al poder en junio de 2018 tras la moción de censura. Ese mes, el Gobierno designó a María José Segarra, quien estuvo en el cargo hasta enero de 2020. Fue entonces sustituida por Dolores Delgado, una decisión polémica porque la candidata pasó sin solución de continuidad de ser la ministra de Justicia a encabezar la Fiscalía. Delgado, por motivos de salud, renunció en julio de 2022, y un mes después fue sustituida por García Ortiz, quien hasta entonces era su mano derecha como jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General. El Ejecutivo ya ha adelantado que el candidato o candidata será «una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho», que debe cumplir con los requisitos de tener más de 15 años de experiencia y ser un jurista de reconocida competencia. En caso de tratarse de una designación continuista, los dos nombres son los de la citada Sánchez Conde y Diego Villafañe.