El PSOE confía en rescatar el escaño de Ábalos

La posibilidad de que el juez Leopoldo Puente decrete o no prisión provisional para José Luis Ábalos tras declarar este jueves en el Tribunal Supremo reabrió un nuevo debate reglamentario en el Congreso. Si el exsecretario de Organización del PSOE ingresa en la cárcel, la Mesa Cámara baja aprobaría su suspensión como diputado porque ya existe un auto de procesamiento firme. Es decir, perdería el sueldo de parlamentario y el derecho a voto, entre otros.

Pero el caso de que Ábalos decidiera mantener su acta, y no entregarla, como sí hizo en su momento Santos Cerdán antes de ingresar en Soto del Real el pasado junio, el grupo parlamentario socialista perdería un voto y vería ampliada su debilidad parlamentaria en un momento especialmente delicado de la legislatura. Por ahora, el Ejecutivo confía en no llegar a esa situación y que sea el ex ministro de Transportes el que de un paso adelante y entregue su acta de diputado. Eso facilitaría la papeleta para el Congreso y cerraría de golpe el debate. El grupo socialista recuperaría el escaño para su bancada ya que le correspondería al siguiente en la lista que se presentó a la circunscripción por Valencia en las generales del 2023. Una plancha que el propio Ábalos encabezó. Además, esto le permitiría al todavía diputado del Grupo Mixto solicitar, como también hizo su excompañero Cerdán, la indemnización que le correspondería por haber sido parlamentario de la Cámara baja. En su caso, pidió una cuantía de 19.400 euros brutos, equivalentes a seis mensualidades de 3.142 euros cada una por sus más de seis años como parlamentario. Ábalos, por su parte, tendría derecho a percibir una cantidad mayor, independientemente de su estado procesal, ya que mantiene su condición de diputado desde 2009 —a excepción de un parón entre junio de 2018, cuando fue nombrado por primera vez ministro de Fomento, y mayo de 2019-. Pero si decide encadenarse a su acta, en cada pleno habría 349 diputados con derecho a voto en lugar de 350. El debate estaría entonces en si se debería o no alterar el quórum, es decir, modificar donde se sitúa la mayoría absoluta necesaria para la aprobación de leyes orgánicas. Esa misma duda ya surgió cuando el Congreso suspendió en 2019 a cuatro diputados en prisión preventiva por el procés (Oriol Junqueras, que renunciaría al acta para presentarse como eurodiputado, Jordi Sanchez, Turull y Rull). Entonces la decisión fue no alterarla.