El Gobierno trabaja ya en definir el catálogo de elementos franquistas para su retirada
La Ley de Memoria Democrática establece que serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática todos aquellos que hagan una exaltación personal o colectiva del golpe de Estado de julio de 1936
La comisión técnica designada por el Gobierno para definir el catálogo de símbolos y elementos franquistas y ordenar su retirada, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, ha sido constituida este martes con su primera reunión y el inicio de los trabajos.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido esta comisión, de la que forman parte también el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y más de una decena de expertos relacionados con la historia y la cultura, así como representantes de las comunidades autónomas y entidades locales.
La creación de un catálogo de símbolos y elementos franquistas para su posterior retirada está contemplado en la Ley de Memoria Democrática de 2022, que señala además que los criterios para su elaboración serán establecidos a través de un reglamento.
Para ello, el Gobierno aprobó el real decreto del pasado 20 de noviembre, en el que desarrolla el procedimiento para incluir elementos en el catálogo y encomienda esta tarea a una comisión técnica.
El Gobierno ha dado un paso más este martes con la constitución de este órgano colegiado de carácter consultivo, que tiene para sus trabajos un mandato de dos años susceptible de renovarse otros dos.
La comisión determinará qué elementos formarán parte del catálogo, pero las peticiones de inclusión podrán proceder de las administraciones públicas, de particulares o de asociaciones memorialistas.
En concreto, la comisión está integrada por cuatro expertos en historia contemporánea, dos expertos en historia del arte, uno en arquitectura y otro en ciencias políticas, la mayoría procedentes de universidades españolas, según ha informado este martes el Gobierno en una nota de prensa.
A estas ocho vocalías, nombradas directamente por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, se suman otras dos en representación de las comunidades autónomas designadas por el Consejo Territorial de Memoria Democrática, y otra en representación de las entidades locales designada por la Federación Española de Municipios y Provincias.
Además, hay otros dos vocales expertos en conservación y restauración de bienes culturales designados por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura.
Estas personas, las de mayor proyección pública de la comisión, son la directora gerente de la Fundación Museo Lázaro Galdiano, Begoña Torres, y la subdirectora general de museos estatales, Mercedes Roldán.
La Ley de Memoria Democrática establece que serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática todos aquellos que hagan una exaltación personal o colectiva del golpe de Estado de julio de 1936, de la dictadura franquista o de sus dirigentes.
Y cita la posibilidad de que sean edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualquier otro objeto adosado a un edificio público o situado en la vía pública, así como nombres de calles, de localidades o de centros públicos.
Por el momento, el Gobierno solo da por seguro que en este catálogo estará incluido el Valle de Cuelgamuros, el mayor monumento franquista de España, que será resignificado con el proyecto ganador del concurso internacional de ideas convocado para este fin.