La UCO entra en Correos, Hacienda y Transición Ecológica para acorralar a la trama de la 'fontanera'
Los agentes han pedido documentación de contratos en una decena de organismos supuestamente "parasitados" por la red de "corrupción institucional" de Díez-Alonso-Fernández
Agentes de la UCO de paisano esta semana en la sede de la empresa Forestalia en Zaragoza.
La Unidad Central Operativa -48 horas después de explotar la operación contra la trama corrupta que lideraban supuestamente la exmilitante socialista Leire Díez, el empresario Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández- continúa este viernes en plena vorágine de trabajo. Los agentes del teniente coronel Antonio Balas intentan en esta fase llegar hasta los últimos tentáculos de esta red, que ya denominan de "corrupción institucional" que, presuntamente, llegó hasta lo más profundo de multitud de organismos dependientes de la administración central.
Según han revelado fuentes del dispositivo, que ha sido denominado 'Operación Leire', después de los 19 registros practicados entre el miércoles y el jueves, este viernes los funcionarios del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO han reclamando información a una decena de organismos diferentes de Correos y dependientes de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), supuestamente "parasitados" por las trama corrupta.
Además de la compañía postal (donde Díez trabajó como jefa de área de Relaciones Institucionales y directora de Relaciones Institucionales y Filatelia) los funcionarios han pedido información al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), dependiente del departamento que dirige María Jesús Montero; a la Dirección General de Patrimonio del Estado, igualmente del Ministerio de Hacienda; a Cofivacasa (Comercial y Financiera Vasco-Castellana, S.A.) propiedad al 100% de la SEPI y que se dedica a la liquidación ordenada de empresas del sector público estatal que carecen de actividad industrial o comercial; y en viarias direcciones del Ministerio de Transición Ecológica (como la Dirección General de Política Energética y Minas) que ahora dirige Sara Aagesen, aunque la mayoría de expedientes que han solicitado los funcionarios de la UCO tienen que ver con la época en que Teresa Ribera encabezó este departamento.
Dos tramas paralelas
Entre los documentos reclamados a Transición Ecológica están las adjudicaciones a Forestalia, una empresa de renovables que tendría supuestos vínculos con Servinabar, la firma de Santos Cerdán y Antxon Alonso, cuyas sedes en Madrid y Zaragoza fueron allanadas en las primeras horas del operativo de la Guardia Civil.
El Miteco, en un comunicado, aseguró que la UCO solo ha reclamando dos expendientes, al tiempo que ya anticipó que los agentes, en su opinión, no van a encontrar nada en esos documentos. "Los expedientes aportados fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos", apuntó el equipo de Aagesen.
Se da la circunstancia que este mismo jueves se conoció el informe que la UCO ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del 'caso hidrocarburos' y en el que se apunta a que la trama del conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama -que en principio es ajena a la red de Díez, Alonso y Fernández- también se introdujo en Transición Ecológica. "Hay indicios bastantes que apuntan a una posible penetración de la organización criminal en los niveles directivos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico", zanjan los investigadores. El Miteco, en una nota la noche del jueves, también desmintió las conclusiones de la UCO y aseguró que el supuesto millón de euros que la 'trama del fuel' gastó para "comprar la voluntad" de José Luis Ábalos no habría tenido ningún efecto porque no hubo "trato de favor" en la tramitación de la licencia de operadora de hidrocarburos de Villafuel.
Los "requerimientos de información" de este viernes por parte de la Guardia Civil a los organismos oficiales supuestamente relacionados con la red de la 'fontanera' se unen a los registros de diversas instituciones entre el miércoles y el jueves, entre ellos Mercasa, la empresa también propiedad de la SEPI y del Ministerio de Agricultura, que gestiona la Red de Mercas de plataformas mayoristas de distribución alimentaria; la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), dependiente de la SEPI; la propia SEPI, donde hubo requerimiento de información por los funcionarios personados; o Enusa, la Empresa Nacional de Uranio, participada por la SEPI, donde Díez fue jefa de prensa entre octubre de 2018 y diciembre de 2019 y que ahora está dirigida por Mariano Moreno, el exgerente del PSOE del 'caso sobres' que está siendo investigado por la justicia en otro procedimiento.
La investigación dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, sigue secreta y el sigilo en la UCO es casi total a la espera de que Díez, Alonso y Fernández pasen este sábado a disposición judicial acusados de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Además de los tres arrestado hay, al menos ya, una decena de investigados por su relación con esta trama en el tribunal del calle Génova.