Sánchez se propone esperar a Junts sin plazo
El Gobierno vuelve a retrasar la presentación Presupuestos a la espera de un giro del partido de Puigdemont ante su posible regreso
Carles Puigdemont en una comparecencia ante los medios desde Perpiñán.
La historia se repite. El Gobierno ha vuelto a empujar, como quien con disimulo mueve la linde para ganar terreno al vecino, la fecha comprometida para aprobar el primer proyecto de Presupuestos Generales del Estado de la legislatura. En esta ocasión se concede en torno a mes y medio de tregua. Primero, dejó pasar el 30 de septiembre, el plazo máximo que fija la Constitución. Reconoció después que no los tendría listos antes de que acabara el año, como prometió Pedro Sánchez en una entrevista en octubre. Y tanto la ministra de Hacienda como la nueva portavoz del Ejecutivo, Elma Sáiz, ya admiten que la fecha apuntada por María Jesús Montero el pasado 18 de noviembre ha quedado igualmente obsoleta.
La vicepresidenta primera — que tendrá que abandonar el Gobierno aproximadamente a mediados de abril o principios de mayo, si el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, convoca para junio las elecciones a las que se presenta como candidata socialista— fijó en aquel momento para mediados de febrero la presentación de un proyecto que tendrá un techo de gasto récord de 216.177 millones de euros, un 8,5% más que el año anterior.
Ahora, el Ejecutivo se mueve en una horquilla más amplia y más ambigua, el primer trimestre de 2026. Al mover la fecha de presentación de los Presupuestos, el Gobierno posterga un varapalo parlamentario muy difícil de soslayar en una legislatura enormemente frágil, porque, a día de hoy, no tiene apoyos parlamentarios suficientes para sacar las Cuentas adelante. Y el principal escollo (no el único) es Junts, que ni siquiera está dispuesto a sentarse a hablar.
Si las Cuentas se presentan a finales de marzo, el debate totalidad — en el que los grupos deciden si aceptan tramitarlas o las devuelven— podría tener lugar aproximadamente un mes después, en torno a finales de abril. Sánchez lleva meses asegurando que su intención es seguir adelante y agotar la legislatura incluso si el Parlamento rechaza el proyecto; lo más parecido a que la Cámara le retire el apoyo, al margen de una moción de censura (para la que no hay números sin una alianza 'contra natura' de PP, Vox y los postconvergentes) o de una cuestión de confianza que él no está dispuesto a plantear. Pero lo que ha demostrado hasta ahora el presidente, con sucesivas patadas al balón presupuestario, es que, pese a lo que defiende en público, sí asume que el 'no' de las Cortes tiene en este caso más trascendencia que el rechazo a cualquier ley común.
Eso es lo que explica que el último Consejo de Ministros de este año acordara el pasado martes la tercera prórroga de las Cuentas aprobadas en 2022 por el anterior Ejecutivo, formado por los socialistas y Unidas Podemos en 2019. Un prórroga a la que Saiz trató de quitar hierro. «Los ciudadanos deben saber que incluso con unas Cuentas prorrogadas nuestro país avanza y no se ha detenido ni un solo día", arguyó en TVE. Un mes para la convalidación Para ejemplificarlo, la flamante portavoz se refirió a los dos reales decretos leyes que también se aprobaron el martes, el de la prórroga del conocido como escudo social, que incluye también medidas que en condiciones normales tendrían que ir en los Presupuestos como la revalorización de las pensiones o los anticipos a cuenta de las comunidades autónomas, y el de las ayudas al transporte.
Esos textos ya están en vigor, pero tendrán que ser convalidados en el plazo de un mes y, aunque el Gobierno da por hecho que ningún partido del bloque de investidura se atreverá a rechazarlos, el apoyo no está garantizado. El PNV, molesto porque una vez más se hayan mezclado en un mismo texto asuntos transversales con medidas de sesgo ideológico, reclama que se exima de las medidas antidesahucio a los propietarios con una única vivienda en alquiler y Junts no ha levantado por el momento su veto a cualquier negociación.
Precisamente la actitud de los de Puigdemont explica en buena medida el retraso de unos Presupuestos de los que Montero asegura estar ya hablando con el resto de fuerzas políticas. En el entorno de ministra se muestran convencidos de que solo cuando el expresident de la Generalitat regrese de Cataluña, lo que calculan que podría ocurrir una vez el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su discurso "en marzo o abril" , la formación se "recompondrá" y "tomará decisiones".