La Fiscal General autoriza el reingreso de García Ortiz
La Inspección Fiscal considera que la inhabilitación por revelación de datos reservados solo afecta a la condición de fiscal general, por lo que avala que se incorpore a la Sala Social del Supremo
García Ortiz, exfical general del Estado.
La Fiscalía General del Estado ha autorizado a que su anterior responsable, Álvaro García Ortiz, continúe ejerciendo sus funciones como fiscal sin que la condena impuesta por el Tribunal Supremo por revelación de datos reservados -dos años de inhabilitación, 7.200 euros de multa y 10.000 euros de indemnización- afecte a su carrera profesional. Ello pese a que el reglamento interno del Ministerio Público, en su artículo 32.1, abre la puerta a su expulsión en caso de ser castigado por un delito doloso, como ha sido el caso, y la pena sea superior a los seis meses.
García Ortiz, que se incorporará en la Sección de lo Social de la Fiscalía del Alto Tribunal, el órgano que le corresponde por su condición de fiscal de Sala, categoría a la que fue ascendido por su antecesora Dolores Delgado, ha recibido el aval de la Inspección Fiscal para continuar ejerciendo sus funciones dentro de la carrera profesional. Este departamento está dirigido por María Antonia Sanz Gaite desde mayo de 2021, es decir coincidiendo con su entonces jefe García Ortiz, y se dedica a supervisar tareas de personal y el correcto funcionamiento de los servicios del departamento.
La decisión llega menos de un mes después de que el tribunal que condenó al acusado, por cinco votos a dos, acordará ejecutar la sentencia y remitiera a la Fiscalía General cualquier tipo de consecuencia laboral para el implicado a los "efectos oportunos". Por lo tanto, la Inspección Fiscal tenía que analizar si tenía que ir más allá de esa inhabilitación especial de dos años para ejercer como fiscal general y apartarle directamente de la carrera. Finalmente, la propuesta avalada también por la actual responsable del Ministerio Público, Teresa Peramato, va en línea con la interpretación que el propio Supremo hizo en su sentencia.
La resolución especificó que la condena solo afecta exclusivamente a la condición que ostentaba García Ortiz en el momento de los hechos: fiscal general del Estado. "Nos parece que, desde una perspectiva estrictamente penal, es proporcionada esa acotación, porque no es necesario ser fiscal para alcanzar la titularidad de la Fiscalía General del Estado", justificó en su momento la sentencia. Por lo tanto, cualquier proyección a otros supuestos sería "excesiva", añadió. Pues bien, la Inspección Fiscal ha tomado al pie de la letra esta referencia del ponente del fallo, Andrés Martínez Arrieta, a la sazón presidente de la Sala Segunda (Penal) del Supremo, y con el respaldo de Teresa Peramato ha aceptado el reingreso del condenado al servicio activo, dejando sin efecto la situación de servicios especiales en la que se encontraba tras su nombramiento como fiscal general por parte del Gobierno en julio de 2022.
García Ortiz renunció al cargo el pasado 24 de noviembre, cuatro días después de conocerse el fallo que se adelantó sin la sentencia por miedo a las filtraciones dentro del tribunal, y quedó cesado formalmente el 9 de diciembre siguiente. Peramato, fiscal experta en la lucha con la violencia de género, le sucedió como fiscal general a propuesta del Ejecutivo. La primera decisión de calado en este asunto ha sido apoyar el incidente de nulidad que presentó la Fiscalía del Supremo contra la sentencia por vulnerar los derechos del condenado.