Tras Cerdán, Ábalos, Plus Ultra y Begoña, Sánchez activa un plan anticorrupción

El 9 de julio del pasado año, con todos los socios del Gobierno interpelados por el demoledor informe de la UCO que acabó llevando a prisión preventiva al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, Pedro Sánchez planteó ante el Congreso una batería de medidas contra la corrupción con las que logró comprar más tiempo a la legislatura. Nueve meses después, esos anuncios siguen sin haberse materializado, pero el Consejo de Ministros aprobó por fin este martes el anteproyecto de Ley de Integridad Pública en el que aparecen recogidos. Un texto que llegará al Congreso para su tramitación ya pasado el verano. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero —a la que quedan ya pocos meses en el cargo debido a su condición de candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía— fue la encargada de explicar el contenido de la futura norma en una rueda de prensa en la que también anunció una lluvia de millones, hasta 7.000, para paliar los daños causados por el tren de borrascas en su tierra y en Extremadura en las últimas semanas. Y la definió como una ley «muy ambiciosa» con 84 medidas dan respuesta a «todo el ciclo de la corrupción». El cambio más significativo de los recogidos en la propuesta, que modifica hasta 18 normas, incluidas seis leyes orgánicas, es la ampliación del plazo de prescripción de los delitos de corrupción, que pasaría de cinco a siete, para dar, según explicó la también ministra de Hacienda, más tiempo a la investigación de delitos complejos y reducir la impunidad. La propuesta, que tendrá que ser informada por los órganos preceptivos, endurece igualmete tlas sanciones para las empresas condenadas por prácticas corruptas, que se enfrentarán inhabilitaciones máximas para contratar o recibir ayudas públicas de hasta 20 años, en lugar de los 15 actuales. Y el registro de empresas con prohibiciones de contratar será público y accesible. Otra área clave es la financiación de partidos políticos: se reduce drásticamente el umbral para la publicación de donaciones individuales a 2.500 euros y se impone la obligación de realizar auditorías externas independientes, sancionando con el doble del importe no publicado las infracciones graves. Además, el texto prevé la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, un órgano centralizado que venía demandando con especial intensidad el socio minoritario del Gobierno, Sumar, y que asumirá las funciones de varias entidades ya existentes como la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Este órgano será la autoridad responsable de coordinar en España la protección de los intereses financieros de la UE frente al fraude.