Junts asesta con PP y Vox una doble estocada al plan social del Gobierno

No hubo una sino dos estocadas de Junts este jueves al Gobierno en cuestiones que los socialistas y Sumar presentan como definitorias de su proyecto político. La formación independentista ya había advertido de que tumbaría el amplio real decreto ley de 39 páginas en el que, entre medidas sociales, fiscales y laborales se incluía la suspensión de los desahucios para familias vulnerables, una medida, a su juicio, «injusta» para los propietarios. Cumplió la amenaza, pero además, cogiendo con el pie cambiado al Ejecutivo, votó también en contra de convalidar la norma impulsada por el ministro del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, para impedir que se produzcan incrementos abusivos de los precios en situaciones de emergencia, como los denunciados tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba). De nada sirvieron las presiones desde la bancada azul del Gobierno o de los partidos de la izquierda, que directamente acusaron a los posconvergentes y al resto de grupos de la derecha de estar al servicio de los «fondos buitre» o de las «multinacionales carroñeras». Los de Puigdemont consideran que la propuesta relativa a los desalojos es un incentivo a la ‘okupación’ y, en la tribuna, su portavoz Josep María Cruset argumentó que la intervención de precios defendida por Bustinduy está planteada en unos términos en los que se deja «discrecionalidad total» al Gobierno, como en la Venezuela ‘chavista’; cosa que el Ejecutivo niega. El ministro de Sumar advirtió de que la decisión de tumbar su iniciativa pasará factura a sus responsables de cara a la ciudadanía. En el Ministerio defienden que tanto la postura del PP —que acusó al Gobierno de hacer «experimentos» con la economía— como la de Junts se explican exclusivamente por una estrategia cortoplacista de desgaste al Ejecutivo y subrayan que la limitación de precios, que se aplicó, por ejemplo, a hoteles en Grazalema y otros 13 municipios andaluces durante las recientes inundaciones, es una demanda de organizaciones de consumidores, del Defensor del Pueblo e incluso de la Junta de Andalucía, gobernada por el popular Juanma Moreno. «Buscaremos la forma de recuperarla», dicen. Por lo que respecta al otro real decreto ley, mucho más voluminoso, está por ver qué pasa. La mayoría de medidas podrían haber logrado el apoyo de una mayoría de la Cámara de haberse presentado de manera aislada. El mes pasado, tras una primera derrota en la convalidación del texto en el que inicialmente se comprendieron, el Gobierno optó por desgajar la revalorización de las pensiones, que ayer fue efectivamente convalidada, pero, a instancias de sus socios de la izquierda, mantuvo el resto en un solo bloque pese a su disparidad y pese al malestar, no ya de la oposición, sino también de partidos como el PNV a ese tipo de estratagemas. Medidas variadas En manos del Ejecutivo está intentar salvar, en sucesivos textos legislativos, asuntos como la prohibición de realizar despidos objetivos basados en el incremento de costes energéticos a las empresas beneficiarias de ayudas públicas; la exención en el IRPF de las ayudas a afectados por los incendios del pasado verano y a los damnificados por la Dana; medidas relativas a la tributación de los autónomos, o la actualización las entregas a cuenta que el Estado transfiere a comunidades autónomas y entidades locales. Algunas fuentes gubernamentales descartan volver a intentar la prórroga de la moratoria de los desalojos y, con ella, del conjunto del llamado escudo social, que incluye descuentos extraordinarios del bono social eléctrico para consumidores vulnerables y la garantía de suministro de agua y energía para los hogares en riesgo de exclusión. Al menos, por ahora. Las medidas relativas a la energía podrían prosperar, pero los partidos de la izquierda se muestran reacios a renunciar a la que afecta a la vivienda.

El Miniserio de Bustinduy asegura que «buscará la forma» de recuperar la medida que ya se aplicó en la riada de Grazalema