España podrá vetar la concesión de permisos de residencia en Gibraltar

El acuerdo que regula las relaciones de España, Reino Unido y, por extensión, la Unión Europea, sobre Gibraltar tras el ‘brexit’ ya es un hecho cristalizado negro sobre blanco: de facto el Peñón pasa a formar parte del espacio Schengen, pero su soberanía, y por tanto su bandera, seguirá siendo la británica. El Ministerio de Exteriores español, que encauzó el pacto con Londres y Bruselas el pasado 11 de junio, tras más de cuatro años de negociaciones y continuas prórrogas, publicó ayer la literalidad del acuerdo —1.034 páginas repartidas en un total de 336 artículos y 43 anexos-.

Una de las principales novedades, que formaba parte de los flecos de la negociación por cerrar, es que España mantendrá el derecho a vetar los permisos de residencia en Gibraltar. Esto permite a Madrid impedir que ciudadanos de terceros países, por ejemplo rusos o chinos, utilicen el Peñón como puerta de entrada en la UE. El Reino Unido, por su parte, ha blindado su base militar en la colonia y sus soldados estarán exentos de controles de pasaportes, que se realizarán, de forma general y por parte de las autoridades españolas y gibraltareñas, en el puerto y aeropuerto.

Más allá de estas cuestiones, el acuerdo no contiene grandes cambios respecto a lo que ya se había adelantado y entrará en vigor el próximo 10 de abril, aunque el Gobierno no lo someterá al examen del Congreso. Serán, en cambio, los miembros del Parlamento Europeo y el británico los que ratifiquen cada uno de los puntos del mismo, aunque no se esperan sorpresas pese a que el Partido Conservador del Reino Unido, que no tiene mayoría en la Cámara de los Comunes, mantiene una postura muy crítica sobre el mismo y ya ha prometido «revisar línea por línea» antes de dar su visto bueno.

Las oposiciones, críticas

En Madrid, al igual que en Londres, la oposición es crítica por lo que consideran «falta de información» en torno a los detalles que quedaban por cerrar. De hecho, no fue hasta ayer cuando el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, remitió el texto a los presidentes de las comisiones de exteriores del Congreso y del Senado, y a los alcaldes del Campo de Gibraltar, que, según su color político, han acogido con mayor o menor grado de satisfacción el pacto.

El regidor de San Roque, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, celebró «la perseverancia del Gobierno» mientras que el independiente Juan Blanco, alcalde de La Línea, lamenta que no se resuelvan «los problemas enquistados».

«Quienes se van a tragar los 20.000 coches, el humo, la contaminación y las afecciones somos nosotros, y mientras va a haber alguien en Madrid que probablemente no puede ubicar La Línea en un mapa», lamentó ayer, en referencia al aumento del tránsito que supondrá para su ciudad, limítrofe con la colonia británica.

Albares, además, solicitó comparecer en el Congreso para explicar el tratado que supone, según ya ha tomado como eslogan, la desaparición del «último muro de Europa continental» y una «nueva etapa» en la relación entre España y el Reino Unido.

Más allá de consignas, el pacto mantiene, entre otros puntos, la desaparición de la histórica Verja fronteriza, la libre circulación de personas sin pasaporte y, ante la desaparición de las barreras físicas, los controles del espacio Schengen, que realizarán las autoridades españolas y gibraltareñas, se trasladan al puerto y al aeropuerto situados en territorio británico.

Reclamación española

 El Gobierno ya defendía que el acuerdo no iba a suponer la renuncia española a la soberanía de Gibraltar, que mantiene desde la entrega a los británicos tras el Tratado de Utrecht, firmado entre 1713 y 1715, y que puso fin a la Guerra de Sucesión Española. De hecho, el artículo 2 del texto deja recogido que nada de lo contenido en él "afectará a las respectivas posiciones legales" de Reino Unido y España "respecto a la soberanía y la jurisdicción y no constituirá la base para ninguna afirmación o denegación de la soberanía".

Otro de los aspectos que más interesan en el Campo de Gibraltar, y en el que más hincapié ha hecho el Gobierno español durante el largo periodo de negociaciones, es el uso compartido del aeropuerto de Gibraltar, construido además en el istmo, cuya soberanía por parte de Reino Unido no reconoce España.

Cuando el acuerdo entre en vigor, se constituirá una empresa conjunta entre ambos países, que no podrá tener sede en ninguno de sus territorios, sino que deberá instalarse en un Estado miembro de la Unión Europea. En cuanto a los vuelos, podrán tener como origen y destino tanto Reino Unido como cualquier país comunitario.