El TS juzgará en abril a Ábalos y Koldo por las mascarillas, que se enfrentan a 30 años

Descarta como testigos a Sánchez, Montero, Marlaska o Illa, pero sí incluye a Pardo de Vera

El exministro Jose Luis Ábalos, durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo este jueves.j. j. guillén

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Agencias
Madrid

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El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado la alegación del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García para que el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia no se llevara a cabo en el alto tribunal, que celebrará la vista oral desde el próximo 7 de abril. Asimismo, ha citado como testigos al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y a Francina Armengol. La Sala de lo Penal desestima todas las nulidades defendidas por sus defensas en la audiencia preliminar, manteniendo así su capacidad para juzgar el caso. A la vez, se opone a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tal como había solicitado la defensa del exasesor de Ábalos al considerar que el Supremo había perdido la competencia. De esta forma, la Sala de lo Penal les sentará en el banquillo, junto al supuesto conseguidor Víctor de Aldama, por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, integración en organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.

Comparecientes

Los magistrados han aceptado que en el juicio comparezcan como testigos Torres y Armengol, que eran durante la pandemia presidentes de Canarias y Baleares, respectivamente, gobiernos autonómicos que adjudicaron contratos a la empresa epicentro de la presunta trama. También figuran, entre la lista de más de 75 testigos aceptados, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional por el ‘caso Koldo’; el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez; el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras; el exgerente del PSOE Mariano Moreno, así como exjefes de gabinete, expresidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado, y empresarios, familiares y allegados de los acusados. Eso sí, el tribunal ha desestimado que testifiquen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, o la exministra de Industria Reyes Maroto, por no guardar relación con el objeto del proceso, según precisan. La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama, que ha reconocido la acusación. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el fiscal.

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Se les juzga por cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación

Peinado pide los correos de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice los correos corporativos recibidos y enviados por Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, desde su cuenta institucional entre 2018 y febrero de 2026. La Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Presidencia del Gobierno remitió al juzgado que dirige Peinado los correos que le solicitó y ahora el juez ha dado copia a los investigadores de la Unidad Central Operativa para «el análisis y la elaboración del oportuno informe. Este requerimiento de los correos fue en un primer momento revocado por la Audiencia Provincial de Madrid al considerar que la petición del juez carecía de la justificación necesaria e incumplía, por ello, los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad. La falta de motivación y justificación de las resoluciones es uno de los principales motivos por los que la Audiencia Provincial ha revocado algunas de las decisiones del juez durante su instrucción. Tras el auto de la Audiencia, el magistrado volvió a pedir los correos y argumentó que se trata de una medida proporcionada y que lo que sí sería desproporcionado es un registro domiciliario. Para Peinado, «no existe otro medio» para comprobar si este correo corporativo oficial pudo ser destinado a «cuestiones ajenas a su condición de esposa del presidente del Gobierno», a «actividades estrictamente privadas», cuyas comunicaciones deben realizarse «por medio de una cuenta de correo privada y no una cuenta oficial».