PP y Vox cierran un 'acuerdo puente' para evitar la parálisis en Extremadura a la espera del definitivo
Acaban con el bloqueo y pactan un decreto-ley para un Gobierno en funciones. Abascal trata de sacudirse la etiqueta de «partido del bloqueo" que le ha colgado Feijóo
María Guardiola, presidenta extremeña en funciones, el jueves.
No es un pacto de gobierno, pero sí un paso adelante significativo para alcanzarlo. PP y Vox consensuaron este jueves, y anunciaron el viernes, un decreto-ley que amplía el marco de actuación de un Gobierno en funciones en la autonomía para blindar los servicios públicos y evitar que la paralización administrativa continúe casi tres meses después de las elecciones.
Casi tres meses después de las elecciones del 21 de diciembre y una semana después de la primera investidura fallida de la popular María Guardiola, los equipos negociadores del PP y de Vox comienzan a desbloquear con este pacto unas negociaciones de investidura que en varios momentos han descarrilado. Ahora, el partido de Santiago Abascal, muy exigente en el diálogo con Guardiola, se inclina a llegar a un acuerdo cuanto antes.
"Esto demuestra que nosotros negociamos y llegamos a acuerdos con el PP todos los días cuando se trata del interés de los ciudadanos, como en las zonas de bajas emisiones o en los gobiernos autonómicos antes de que nos engañaran", ha afirmado Abascal en Miranda de Ebro (Burgos) en el último día de la campaña de Castilla y León. No obstante, el presidente de Vox cree que el pacto extremeño ha sido posible "porque no estaba Génova 13 poniendo zancadillas". "Podemos construir una alternativa si hay respeto entre las dos fuerzas. El PP no tiene derecho de pernada sobre nosotros, no tenemos obligación de entregarles los votos", ha avisado.
En la misma línea, el líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, ha insistido en la mano tendida de su formación hacia el PP. "Apostamos por una negociación discreta, con constante intercambio de propuestas y compromiso para que la región tenga gobierno lo antes posible. Si es mañana, mejor que pasado. Como dijimos siempre, si se negocia con discreción y sin ruido, los acuerdos llegan", ha agregado.
Con este gesto, Vox trata también de sacudirse la etiqueta de "partido del bloqueo", una idea que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, agita en todos sus actos electorales, como actualmente en Castilla y León. De esta forma, la formación de Abascal evita ser señalado como culpable de la falta de ejecutivos autonómicos y de paso, ensaya para un acuerdo definitivo que llegará después de los comicios castellanoyleoneses de este domingo.
En cualquier caso, al PPno le parece suficiente el paso dado por Vox y cuestionó de nuevo a la formación de derecha radical por no facilitar la investidura de Guardiola. La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, lanzó esta pregunta a Abascal: "Nos van a ayudar o van a seguir poniendo piedras en el camino y ayudando al PSOE".
El decreto-ley Según ha informado en nota de prensa la Junta de Extremadura, el Consejo de Gobierno ha aprobado en sesión extraordinaria un decreto-ley para modificar la Ley 4/2015, de 26 de febrero, con el objetivo de adaptar la situación de un Gobierno en funciones a las necesidades reales de los ciudadanos extremeños. "De esta manera, el Gobierno regional garantiza el funcionamiento ordinario de la administración y la prestación de los servicios públicos en Extremadura", indica el Ejecutivo en funciones.
El decreto-ley parte de la idea de que "un Gobierno en funciones debe actuar con prudencia y sin tomar decisiones que condicionen políticamente al futuro Ejecutivo, pero eso no puede traducirse en una administración paralizada ni en problemas para atender a los ciudadanos".
La regulación vigente hasta ahora era "excesivamente rígida" a juicio de la Junta, "incluso más restrictiva que la legislación estatal y que muchas normas autonómicas". En la práctica, añade, "la Ley 4/2015 imponía limitaciones que iban más allá de lo razonable y dificultaban la gestión ordinaria de la administración".
Según recoge el propio decreto-ley, esas limitaciones podían terminar afectando al funcionamiento normal de la Junta y, sobre todo, a la prestación de servicios públicos, especialmente cuando la situación de interinidad se prolonga en el tiempo.
De hecho, "la duración prolongada de un Gobierno en funciones se suma a la circunstancia de que las elecciones autonómicas se celebraron en diciembre, coincidiendo el periodo de interinidad con el inicio de un nuevo ejercicio presupuestario. Esto dificulta la puesta en marcha de muchas actuaciones propias del arranque del año".
Con este decreto-ley, la Junta corrige unos límites que estaban impidiendo sacar adelante actuaciones necesarias para el funcionamiento ordinario de los servicios públicos, "siempre que existan razones de urgencia, interés general o la necesidad de garantizar la ejecución de fondos finalistas".
La norma aprobada facilita actuaciones como la firma de convenios, la tramitación de expedientes necesarios para la actividad administrativa, la canalización de fondos públicos o la gestión de procesos selectivos y de necesidades de personal ya comprometidas. El texto advierte que la regulación anterior ponía en riesgo la ejecución en plazo de los fondos finalistas "y podía afectar al funcionamiento de ámbitos esenciales para la vida diaria de los extremeños, como la sanidad, la vivienda, la industria, la educación o los servicios sociales".