Los populares recrudecen su ofensiva contra la regularización de inmigrantes
El Gobierno recuerda que también los Ejecutivos populares acometieron procesos similares
Lamine Yamal califica de «ignorantes y racistas" a los que se burlaron de Egipto.
El PP recrudece su ofensiva contra la regularización masiva de inmigrantes que el Gobierno pretende aprobar en las próximas semanas, una vez el Consejo de Estado emita el informe pertinente. Lo hace en plena precampaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que Juanma Moreno se juega la mayoría absoluta y la dependencia de Vox, que ya compite con el PSOE por el segundo puesto en varias provincias, y cuando aún intenta cerrar acuerdos de gobierno con el partido de Santiago Abascal en Extremadura, Aragón y Castilla y León.
El secretario general del partido, Miguel Tellado, tildó este miércoles la medida de «auténtico disparate» en contra de «lo que se está haciendo en el conjunto de la UE». La inmigración es un eje de movilización que beneficia sobre todo a Vox, pero que el PP no puede ceder sin coste. La solución que han encontrado los populares es competir en ese terreno antes de que la ultraderecha lo monopolice. El lunes, con el apoyo de los de Abascal, consiguieron que la Comisión Mixta de Seguridad Nacional aprobara una ponencia de diputados y senadores para estudiar el impacto de la regularización sobre la seguridad del país. Más que un instrumento de control real, la ponencia es un altavoz: permite al PP instalar durante semanas la ecuación entre regularización e inseguridad, con el terrorismo incluido en el argumentario —el diputado popular Rafael Hernando llegó a vincular la medida con los atentados sufridos por países europeos-. Los populares se afanan, pese a todo, en guardar cierta distancia respecto a la ultraderecha. Este miércoles condenaron los insultos islamófobos y xenófobos en el partido amistoso entre España y Egipto del martes —algo que Vox, en cambio, no hizo— y suavizaron los términos de una proposición de los de Abascal en Les Corts Valencianes para alejar los centros de menores extranjeros no acompañados de las ciudades, una iniciativa que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, calificó en una entrevista en RNE de «apartheid».
Saiz, encargada de dar réplica al primer partido de la oposición, recordó que hace año y medio el PP apoyó la tramitación de la iniciativa legislativa popular que el Ejecutivo tomó como base para diseñar la regularización extraordinaria. Subrayó además que bajo gobiernos de José María Aznar se acometieron varios procesos similares que facilitaron los permisos de trabajo y residencia a más de 524.000 inmigrantes no comunitarios. Y alegó que el problema ahora es que el PP está «supeditado a los acuerdos que le marca la ultraderecha». La ministra esgrimió asimismo que la medida del Ejecutivo se adecúa «absolutamente» a la normativa comunitaria, tiene fecha de cierre —el 30 de junio— y lanzó un mensaje de tranquilidad a los potenciales beneficiarios. En ese mismo contexto se inscribe, aunque de manera oblicua, otra decisión conocida este miércoles.
Según adelantó El País, el Gobierno pondrá fin en junio a la vía exprés que desde 2018 ha permitido a los venezolanos regularizar su situación casi automáticamente mediante permisos de residencia por razones humanitarias, un mecanismo del que se han beneficiado cerca de 240.000 personas.