El Gobierno choca con las sospechas del juez sobre el rescate de Plus Ultra

El Gobierno defiende la legalidad del rescate de Plus Ultra. Frente a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y al auto que ha levantado el secreto del caso, el Ejecutivo ha hecho circular esta semana un argumentario que insiste en que la ayuda de 53 millones de euros que la aerolínea recibió en marzo de 2021, con cargo al fondo de la SEPI, respondió a un procedimiento reglado, sin discrecionalidad ni arbitrariedad, avalado por media docena de informes técnicos y supervisado después por la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado. Buena parte de la respuesta gubernamental, sin embargo, encaja mal con la resolución del juez José Luis Calama. Para optar al rescate, Plus Ultra tenía que estar al corriente de sus obligaciones a 31 de diciembre de 2019. El Gobierno sostiene que lo estaba porque su deuda con la Seguridad Social había sido aplazada y añade que ese aplazamiento es una práctica rutinaria y que en 2020 se concedieron más de 137.000 aplazamientos, el doble que el año anterior. El argumento tiene base. Pero el instructor recoge que la aerolínea arrastraba una deuda de 451.954,79 euros desde 2017 y que el aplazamiento que la englobó toda no se firmó hasta el 5 de octubre de 2020, después de que se expidiesen de forma automática los certificados que acreditaban que la compañía cumplía, de la solicitud del rescate y de que Zapatero se reuniera con el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y con el presidente interino de la SEPI. El argumento del automatismo de los aplazamientos choca, además, con el hecho de que en una conversación interna de mayo de 2020 los directivos de la empresa expresaran su temor a la posibilidad de que pedir varias reconsideraciones de la deuda en el mismo año no se viera con buenos ojos. El segundo flanco es el de los requisitos que debían cumplirse para el rescate. El Ejecutivo se apoya en los informes técnicos que avalaron la operación; Calama sostiene que esos informes de los asesores de la SEPI se redactaron para justificar la concesión, pese a que un informe pericial independiente concluye que la compañía estaba en causa de disolución, sin liquidez para operar, y que había maquillado sus cuentas para que los fondos propios no aparecieran en negativo. Donde el Gobierno ve un control exhaustivo, el auto ve descontrol, una administración que se conformó con la documentación de la empresa sin estudiar una anomalía que afectaba a un requisito imprescindible. Hay un argumento que el Ejecutivo repite y que conviene matizar: que la concesión de la ayuda a Plus Ultra ya fue revisada «infructuosamente» y archivada por los tribunales en 2023. Aquel archivo, sin embargo, no llegó al fondo de la cuestión. La causa murió en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid porque la instrucción había caducado —concluyó el 8 de abril sin que la jueza la prorrogara— y la Audiencia Provincial anuló por extemporánea la imputación de la aerolínea. Plus Ultra ni siquiera llegó a declarar. No se cerró porque no se hallara nada, sino por una cuestión de forma. El resto de avales esgrimidos por el Gobierno responde a asuntos que el auto ni siquiera pone sobre la mesa. Moncloa se agarra, por ejemplo, a que la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la UE validaron el régimen de ayudas de Estado. Sobre lo que nunca se han pronunciado ni uno ni otro, en cambio, es sobre lo que ahora se discute: la elegibilidad concreta de Plus Ultra para acceder a ellas. También apela al Tribunal de Cuentas, que se movió en el plano contable. Pero hay tres asuntos sobre los que el argumentario calla: la situación de crisis de la aerolínea, los indicios de que falseó la identidad del verdadero titular de una deuda y la presencia de la cúpula de la SEPI en aquella reunión con el expresidente. La defensa del Gobierno se sostiene mientras el debate sea técnico: si una deuda aplazada cuenta como estar al corriente. El problema es que el caso ya no se juega ahí. Calama lo ha movido al terreno de la falsedad y de la influencia, al de la habitación en la que un expresidente se sentó con el ministro de la Seguridad Social y con quien debía firmar la ayuda. A ese terreno el argumentario, de momento, no entra.

Oro y petróleo de Venezuela

Las comunicaciones intervenidas a los investigados en esta presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales han permitido vislumbrar que los negocios se extendieron al petróleo y al oro en una serie de movimientos internacionales de alto valor económico. Según los investigadores de la UDEF, estas actividades no respondían a una lógica comercial ordinaria, sino que aprovechaban la ascendencia política de la trama, con Rodríguez Zapatero al frente, para influir en decisiones gubernamentales, especialmente en Venezuela a través de la cercanía del exlíder socialista con la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, a quienes los investigados llamaban «La dama» en sus conversaciones intervenidas.

En el caso del petróleo, según el auto judicial la red actuaba como un intermediario necesario para que empresas internacionales pudieran acceder al crudo venezolano. Se hicieron gestiones mediante las denominadas «cartas de intención», según las cuales los potenciales compradores del petróleo debían dirigir obligatoriamente sus propuestas a la oficina de Rodríguez Zapatero. No obstante, la última palabra la tenía Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela tras el secuestro de Nicolás Maduro a manos del Gobierno estadounidense, quien aparece como la figura clave que «maneja la asignación directa de los buques» para el transporte de crudo.

Entre los actores interesados en estas operaciones se encontraban la sociedad Swissoil Trading SA (representada por el suizo Philippe Apikian) y empresas dependientes del Partido Comunista Chino («los Chinos están listos para comprar barcos», se recoge en un mensaje intervenido). Apikian mantenía contacto con el núcleo operativo de la trama a través de Domingo Arnaldo Amaro Chacón, administrador de Inteligencia Prospectiva SL, y Julio Martínez Martínez, responsable de la consultora Análisis Relevante y pagador de Rodríguez Zapatero y sus hijas por supuestos trabajos de obra. «Esta empresa es del Partido Comunista Chino» El 23 de enero de 2024, por ejemplo, el citado Amaro Chacón comunicó a Julio Martínez que Apikian estaba «listo para viajar a reunirse con la Dama y el Ministro de Petróleo» en Venezuela. En el caso de China, los investigadores destacan un mensaje que dice: «Debemos tener claro qué vamos a ofertar. Esta es una empresa que depende del Partido Comunista Chino». En su opinión, este contenido revela la participación «de actores de relevancia estatal en la operativa del negocio, reforzando la conclusión de que la actividad descrita trasciende con mucho el ámbito propio de una transacción mercantil ordinaria». En otro de los mensajes se detectó una carta de intenciones enviada por la sociedad China International Cultural Technology Resources Group a la «Oficina del Presidente Zapatero», en concreto a la atención de José Luis Rodríguez Zapatero el 30 de octubre de 2023. El oro también aparece en la causa como otro de los bienes de alto valor que la red utilizaba para generar beneficios económicos sustanciales. En concreto, la UDEF incluye en sus informes comunicaciones del referido Amaro Chacón que hacen mención a «rutas de entrega de producto físico por varios millones» en relación con el metal precioso. Estas operaciones se integraban en un paquete de negocios que incluía también divisas y compraventa de acciones, todas ellas bajo la supervisión estratégica de Rodríguez Zapatero. Toda la actividad relacionada con el petróleo y el oro se sustentaba en una presunta estructura societaria opaca, en la que la citada mercantil Inteligencia Prospectiva funcionaba como una de las principales puertas de entrada de fondos extranjeros simulados bajo la apariencia de ampliaciones de capital.