El juez pide ayuda a EE UU para rastrear cuentas en el extranjero
La Udef investiga si empresas del entramado pagaron para conseguir acceso a otros funcionarios en una nueva vía con ramificaciones en Estados Unidos y otros países
Zapatero con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, y su hermano Jorge Rodríguez en una de las últimas visitas a Venezuela.
La Audiencia Nacional mantiene bajo secreto una pieza separada del caso Plus Ultra por un nuevo presunto delito de tráfico de influencias que podría ampliar el foco de la investigación más allá del rescate de la aerolínea y de la figura José Luis Rodríguez Zapatero. El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, ha abierto esta nueva vía, que incluye el rastreo de numerosas cuentas en el extranjero después de que la Udef detectara que empresas vinculadas al entramado investigado habrían pagado para conseguir acceso a otros funcionarios.
En el marco de este apéndice del tronco principal por el rescate de Plus Ultra, el instructor ha reclamado información bancaria de varias de las personas investigadas, entre otros países, a Estados Unidos. Esta pieza discurre en paralelo a la causa principal, cuyo secreto fue levantado esta semana y en la que Zapatero ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. A diferencia de esa rama, la nueva investigación permanece reservada. Fuentes conocedoras de las pesquisas la describen como una línea todavía incipiente, en la que los investigadores están midiendo el alcance, la gravedad de los hechos y la identidad de los nuevos personajes que podrían aparecer vinculados a los pagos. En cualquier caso, serían supuestas irregularidades y presunta ‘compra’ de voluntades de servidores públicos que nada tendrían que ver con la operación de salvamento de la aerolínea.
Y es que -insisten en estas fuentes- el epicentro sigue siendo Plus Ultra, la compañía rescatada en 2021 con 53 millones de euros públicos. Pero la apertura de esta línea refuerza la tesis de que la estructura atribuida por Calama al entorno de Zapatero no se habría limitado a esa operación. El juez sostiene que el expresidente ocupaba el vértice de una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» orientada a la «obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros».
La nueva derivada apunta a ese segundo plano: empresas del caso que no solo habrían pagado por informes, asesorías o contratos de apariencia profesional, sino también por acceder a funcionarios capaces de abrir puertas administrativas. La investigación principal describe una mecánica basada en sociedades instrumentales, documentación simulada y canales opacos para «ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos».
La dimensión internacional de esta trama ya se traslucía en el auto de levantamiento del secreto. Calama recogió que la Udef contó con la colaboración de Homeland Security Investigations, la agencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que puso a disposición de la Policía española la extracción del teléfono de Rodolfo Reyes, socio de Plus Ultra. Ese móvil ha sido clave para reconstruir conversaciones, referencias a Zapatero y gestiones ante administraciones españolas y venezolanas. Reyes aparece en los chats hablando del expresidente como «nuestro pana».
Estados Unidos vuelve ahora al centro del procedimiento. Calama ha pedido auxilio judicial a las autoridades norteamericanas para obtener información bancaria de investigados y seguir fondos fuera de España. La resolución ya contenía conexiones con ese país. Una afectaba a Thinking Heads Americas LLC, sociedad radicada en Estados Unidos y filial de Thinking Heads Group SL. Según el auto, Zapatero recibió dos transferencias de esa compañía por 31.766,04 euros.
Otra referencia afecta a Softgestor, sociedad investigada como posible vehículo de canalización de fondos. Calama subraya que sus principales clientes eran sociedades radicadas en Estados Unidos con vínculos con Venezuela. Softgestor abonó 145.200 euros a Análisis Relevante mediante dos transferencias justificadas con un contrato de asesoría internacional que reproducía el mismo patrón documental utilizado por la consultora de Julio Martínez Martínez.
La pista estadounidense alcanza también a Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero, administrador de Análisis Relevante y dueño de Idella Consulenza Strategica, la sociedad que firmó con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate. La Udef lo detuvo en diciembre y en un ordenador intervenido localizó correspondencia con responsables de una cuenta en Miami. Fuentes del caso sostienen que el dinero habría sido trasladado desde Luxemburgo hasta Estados Unidos. La cuenta tuvo actividad en 2025.
El frente exterior se completa con Dubái. El auto sostiene que Zapatero habría ordenado crear una sociedad ‘offshore’ para canalizar pagos relacionados con la comisión del 1% del rescate, extremo negado por el expresidente y por Plus Ultra. Esa línea conecta con una comida en Madrid entre Zapatero, Julio Martínez y Tomás Guerrero que los investigadores relacionan con la estructura en Emiratos.