El TS no suspende la regularización de migrantes que pedían Ayuso y Vox

El pulso judicial por la regularización extraordinaria de extranjeros alcanzó este viernes su punto álgido en el Tribunal Supremo con la vista previa a que los magistrados decidan si paraliza el proceso puesto en marcha el pasado 16 de abril o si permite que continúe por los cauces previstos. En una jornada maratoniana, la Sala de lo Contencioso-Administrativo escuchó los argumentos de la Comunidad de Madrid, Vox y diversas entidades civiles (Hazte Oír, Libertad y Justicia y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica), que exigían la congelación inmediata del real decreto con el que el Gobierno prevé que se legalice la situación de medio millón de personas aproximadamente. Durante la sesión, la Abogacía del Estado reveló que, hasta este jueves, se habrían registrado un total de 549.596 solicitudes, de las cuales solo 91.505 han sido admitidas a trámite. Tras deliberar, el alto tribunal decidió, a primera hora de la tarde de este viernes, no paralizar la regularización de migrantes.

Así lo decidió la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en una deliberación que ha durado más de tres horas. El Supremo considera, según refleja en el auto emitido, que no procede admitir los recursos presentados por Hazte Oír y por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica "por falta de legitimación activa el recurso contencioso-administrativo. En el caso de la denuncia elevada por la formación que lidera Santiago Abascal y por la Ejecutivo que encabeza Isabel Díaz Ayuso, el alto tribunal sí ha admitido ambos recursos, aunque ha decidido "denegar ambas peticiones".

De esta forma, el proceso por el que el Gobierno calcula que podrían pasar a situación regular cerca de medio millón de extranjeros continúa según lo establecido. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, celebró la decisión del alto tribunal. "Felicidad y orgullo por una medida que ya está haciendo a nuestro país mejor", escribió en un mensaje en redes sociales. No es la primera decisión del Supremo sobre la regularización de migrantes. Hace unas semanas ya rechazó una medida cautelarísima solicitada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica que también buscaba frenar la regularización. En este caso, el alto tribunal consideró que no quedaba acreditado que existiese especial urgencia para hacerlo.

Mientras, los servicios jurídicos de Vox están ahora estudiando, según cuentan fuentes del partido, la posibilidad de presentar un recurso contra la decisión adoptada por el Supremo. Por su parte, la asociación Hazte Oír sí que interpondrá un nuevo escrito a fin de lograr la paralización de la regularización. Desde la organización informan de que protestarán contra la decisión de no considerarles legítimos para presentar el recurso y la denegación de la demanda, puesto que consideran que la denegación de la medida cautelar supone un "grave riesgo".

Más de 550.000 solicitudes 

Frente a las denuncias de las acusaciones, que tachan el procedimiento de "fraude de ley" y alertan de una concesión masiva y descontrolada que altera el flujo migratorio y podría provocar un 'efecto llamada', el abogado del Estado defendió que la admisión a trámite no se ejecuta de forma automática. Según subrayó el representante del Gobierno ante el tribunal, cada una de las 91.505 peticiones aceptadas provisionalmente hasta el momento ha superado previamente un riguroso "chequeo" de seguridad y documentación para acreditar que se cumplen cada uno de los requisitos fijados por la normativa aprobada hace un mes por el Consejo de Ministros.

La jornada fue abierta por Hazte Oír, cuyo letrado, Javier María Pérez-Roldán, dispuso de diez minutos para incidir en el "daño irreparable" que supondría no congelar la medida antes del vencimiento del plazo, según informaron fuentes de la organización. A la salida del alto tribunal, desde la plataforma civil defendieron que los representantes del Gobierno "no entraron en el fondo del asunto" en algunas de las comparecencias, lo que, a su juicio, denota un "reconocimiento implícito" de que los demandantes tienen razón en sus advertencias constitucionales. Asimismo, añadieron que, durante la sesión, incidieron en "el peligro que implica la no suspensión en tanto en cuanto de no acordarse el reconocimiento posterior del fondo del recurso perdería sentido".

Madrid contra el Gobierno 

Por su parte, la Comunidad de Madrid comenzó su intervención asegurando que la norma "no tiene parangón con ninguna de nuestra historia reciente". El Gobierno regional cifró en al menos 250.000 las personas que podrían beneficiarse de la medida en su región, elevando el alcance total a nivel nacional a una horquilla de entre medio millón y 750.000 solicitantes. Con estos datos sobre la mesa, el Ejecutivo que lidera Isabel Díaz Ayuso negó que la iniciativa carezca de impacto presupuestario, algo que tildó de "grosero", y alertó del inminente "colapso" en los servicios sanitarios autonómicos por la expedición de tarjetas sanitarias, su afección a las listas de espera y la previsión de que 90.000 personas saturen las oficinas de empleo. Por ello, solicitó a la Sala que suspenda el "efecto inmediato" de las concesiones para que una posterior sentencia estimatoria del Supremo no sea imposible de revertir.

Sin embargo, el Ejecutivo central insistió en que "no se cumplen los requisitos" para la paralización y defendió que "el perjuicio que se causa por la suspensión es superior al interés que se alega", al que calificó de "meramente abstracto". Los servicios jurídicos del Estado apelaron a la "situación de vulnerabilidad" de los solicitantes, al reto de la integración social y a los "importantes efectos para la economía española". Asimismo, el abogado del Estado se esforzó en disipar cualquier sospecha de uso electoral -como argumentan desde la Comunidad de Madrid o desde Vox- de la medida de cara a las próximas generales, defendiendo que "en ningún caso ninguna de estas personas va a poder acceder a votar".

Críticas de Vox 

Vox lamentó que el Gobierno que encabeza Pedro Sánchez esquive "de facto un debate parlamentario" sobre una medida de este calado, y puso el foco en los efectos a largo plazo, refiriéndose expresamente a las consecuencias de que estos solicitantes terminen adquiriendo la nacionalidad española. El abogado del partido de Santiago Abascal alertó de un "incremento brutal y no justificado del gasto social", rebatiendo el argumento del Ejecutivo de que el plan no genera costes adicionales porque estas personas ya residen en España. Hasta ahora, precisó el letrado, este colectivo solo puede acceder a "atenciones sociales básicas", por lo que darles cobertura plena tensionará los recursos públicos. "¿Por qué tan rápido? ¿Por qué esta urgencia?", se preguntó.

A las puertas del alto tribunal, el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, tildó de "fraude de ley" el texto final del decreto, afirmando que "se parece un huevo a una castaña" respecto al borrador original. Asimismo, criticó que se actúe "por la puerta de atrás sin pedir visados, medios económicos o contratos", y advirtió, igual que la Comunidad de Madrid, de un "riesgo de modificación de la estructura electoral" de cara a los próximos comicios.

Baleares se une a la petición Este no es el único día en el que el Supremo tendrá que sentarse a estudiar la paralización de este decreto, puesto que, este viernes, Baleares anunció que se iban a sumar a la interposición de un recurso para la suspensión cautelar de la medida. Como la Comunidad de Madrid, basa sus argumentos en que la normativa, bajo su punto de vista, no contó con el consenso de las autonomías, debate parlamentario o valoración del impacto presupuestario.

La Junta de CyL mantiene su intención de llevar al Supremo la regularización: "Tenemos nuestra propia hoja de ruta"

La Junta de Castilla y León mantiene su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes, con independencia de lo que dictamine la Sala de lo Contencioso Administrativo que tiene previstas cinco vistas este viernes. “Tenemos nuestra propia hoja de ruta”, afirmó ayer el portavoz de la Junta y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

Minutos antes de participar en el XXXIII Encuentro de Economía Pública, que se celebra desde este jueves en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez de Valladolid, Fernández Carriedo aseguró que el recurso de la Junta seguirá unos “criterios” propios que no tienen “por qué coincidir con los de otros”. “Tiene sentido que lo presentemos”, apostilló, porque no solo reclaman una paralización cautelar, sino que entran en el “fondo” de la normativa.

En ese sentido, el consejero portavoz recordó que el Ejecutivo de Castilla y León sustentará el recurso, que todavía no tiene fecha de presentación, sobre el procedimiento y los requisitos previstos por el Gobierno ya que entiende que “no están asegurando el cumplimiento objetivo de las condiciones” previstas en el Real Decreto.

Por otra parte, la Junta, según señaló Fernández Carriedo, planteará en el recurso que la regularización supone un “perjuicio” para la normativa europea en relación a la libre circulación de los ciudadanos por el territorio comunitario. No obstante, el portavoz insistió en el “respeto” al procedimiento iniciado por otras comunidades y colectivos como Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia.