La imputación de Zapatero devuelve a Sánchez a la casilla de salida

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ha sacado al PSOE de una ensoñación. Hasta la víspera del auto del juez José Luis Calama, en La Moncloa y en Ferraz se había instalado el relato de que de lo peor había quedado ya atrás y de que empezaban a estar en condiciones de competir con el PP. Pedro Sánchez no quería —ni quiere— adelantar las generales, pero confiaba en haber recuperado terreno respecto a junio de hace un año, cuando se destapó la trama de Santos Cerdán. Ahora la sensación es de que regresan a la casilla de salida. A diferencia de Cerdán o Ábalos, hombres del aparato, el expresidente es un símbolo, un referente histórico para los progresistas; y que la sombra de la corrupción lo alcance golpea donde las crisis anteriores no llegaban. Incluso en el caso de que finalmente no resulte condenado —el juicio en la saturada Audiencia Nacional puede demorarse diez años-o de que se archiven las actuaciones en su contra, el daño a su imagen ya está hecho. Difícilmente podrá volver a participar en un mitin y avalar a Sánchez, como hizo en ante las generales de julio de 2023. En el propio partido muchos creen que es posible que, cometiera delito o no, buscara un beneficio económico para sí y para sus hijas al amparo de su influencia. «Y eso es feo para alguien que viene de la izquierda», admite una dirigente. La sacudida ha aflorado reacciones diversas en el PSOE. Los más fieles insisten en apuntar a una operación para desalojarlos del poder orquestada por las derechas. Los más prudentes marcan distancia y avisan de que cuestionar la labor de jueces y fiscales es un error. Y entre los cuadros medios hay quien admite un cierto «sentimiento de orfandad». El golpe, además, no llega solo. Se suma a un calendario judicial empinado que convierte el final de curso en una prueba de resistencia. El 2 de junio, cuando Zapatero declare ante la Audiencia Nacional —el mismo día en que Sánchez cumple ocho años en La Moncloa tras ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy-, arranca una secuencia que incluye, a partir del día 4, la declaración del hermano del presidente en el juicio por su presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz; la sentencia del caso de las mascarillas, que afecta a Ábalos, antes de verano; el informe patrimonial sobre Cerdán, que se espera en las próximas semanas; y posiblemente otro informe de la UCO en la causa que salpica a la esposa del presidente. Todo ello, con un PP que no da tregua y prepara una ofensiva sin cuartel en la comisión sobre la SEPI.