Fernández Díaz y su mano derecha: ni tregua ni acuerdo

El amago de tregua que se atisbó al inicio del juicio de la ‘Operación Kitchen’ —la causa en la que se investiga si en el año 2013 se fraguó una trama ilícita financiada con fondos reservados para destruir documentación que pudiese tener el que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas y que podía demostrar financiación irregular dentro de la formación— entre el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su antigua mano derecha, Francisco Martínez, queda definitivamente enterrado. Durante la exposición de su informe final, el letrado del exdirigente del PP, Jesús Mandri, descargó toda la posible responsabilidad sobre el exsecretario de Estado y defendió que los mensajes con los que fue inculpado en la causa fueron «manipulados». Martínez, por su parte, prefirió evitar el choque directo y se limitó a aludir a las «discrepancias» entre ambos sobre quién ordenó la investigación policial, que según expusieron, no era «clandestina», sino que era una «operación de inteligencia internacional» cuyo objetivo era rastrear el patrimonio de Bárcenas en el extranjero.

En un intento por desvincular a Fernández Díaz de cualquier conducta ilícita —tanto de los mensajes notarializados por parte del exsecretario de Estado como del control de los fondos reservados con los que presuntamente se pagó la trama-, su defensa sostuvo que el operativo jamás buscó sustraer documentación comprometedora para la cúpula del PP, sino que trataban de localizar dinero oculto de Bárcenas en cuentas bancarias en Suiza y sus posibles «testaferros». Según su letrado, el despliegue no fue una maniobra parapolicial para proteger a ‘Génova’, sino una operación de inteligencia legítima enfocada exclusivamente en localizar la fortuna oculta del extesorero. Una estrategia que también siguió el letrado encargado de la defensa de Martínez, Pedro Colina, que, además de restar credibilidad a los audios y agendas del excomisario Villarejo —a quien acusó de «mentir constantemente» y «crear fábulas»-, defendió que el «cheque» que su representado firmó para la financiación del operativo policial no concretaba «a qué iban destinados los fondos».

absolución total

Y siguiendo la línea del descrédito, Martínez solicitó la absolución total de su representado —frente a los 15 años de prisión que solicita la Fiscalía Anticorrupción— y arremetió, de la misma manera, contra la validez probatoria de las agendas y grabaciones de Villarejo, tildándolas de «dirigidas» y carentes de espontaneidad. En este punto, Colina alineó su postura con las críticas formuladas por el letrado de Fernández Díaz para desacreditar las anotaciones del comisario jubilado e ironizar sobre la premisa del fiscal de que Villarejo «no se engaña a sí mismo».

cierre de filas

De este modo, ambas defensas cerraron filas en el tramo final de sus informes para restar todo peso probatorio a la testifical del empresario Javier Pérez Dolset —a quien además señalaron como persona poco fiable por haber aparecido también implicado en la investigación de las conocidas como ‘cloacas del PSOE’, que presuntamente buscaban entorpecer algunos de los casos que afectan a los socialistas y al entorno del presidente del Gobierno— y sostener que el procedimiento se ha construido sobre indicios manipulados para criminalizar lo que, a su juicio, fue un desempeño policial en estricto cumplimiento del deber. Asimismo, Colina defendió que el «verdadero delito» habría sido el «no investigar» a Luis Bárcenas y a su entorno, al igual que lo habría sido si el ex ‘número dos’ de Interior hubiese intentado «parar» lo que definió como una legítima «operación de Estado».