Visto para sentencia el juicio de la 'Kitchen' tras más de una década de investigación

"Visto para sentencia". A las 12.10 horas de este martes, tras casi cuatro meses de sesiones, la jueza Teresa Palacios ha puesto el punto final para este proceso en el que se trata de dilucidar si la cúpula del Ministerio de Interior durante el mandato de Mariano Rajoy habría orquestado o no una operación parapolicial con el objetivo de hacerse con documentación comprometedora sobre la financiación irregular del PP que podría haber tenido en su poder el que fuera tesorero de la formación Luis Bárcenas. Han sido 37 sesiones en las que las acusaciones han mantenido que el exministro Jorge Fernández Díaz habría encabezado la trama y en la que las defensas han tratado de alejarse de esta tesis sosteniendo que siempre fue un dispositivo "de inteligencia legal" para buscar el patrimonio que Bárcenas escondía en el extranjero.

Con este "concluido el juicio, queda visto para dictar sentencia" pronunciado por la magistrada encargada de dirigir el juicio, la Audiencia Nacional avanza para dar carpetazo a otro de los procesos de enorme repercusión política que ha mantenido sentados en el banquillo de los acusados no solo a la excúpula de Interior, con el exministro Fernández Díaz y su exsecretario de Estado, Francisco Martínez; sino que también a otras personas de gran calado dentro de la Policía como eran el exdirector adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino o el excomisario, ya jubilado, José Manuel Villarejo. También ha estado sentado en esta parte, el que fuera chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, para quien las acusaciones piden 12 años de cárcel pese a que defiende que en todo momento fue "captado" como un "colaborador de una operación lícita para seguir el patrimonio de Bárcenas y sus posibles testaferros".

La última vista oral de este caso comenzaba a pasadas las 10.00 horas con todos los acusados presentes en la sala, a excepción del exDAO Eugenio Pino -que compareció para renunciar a su última palabra por videoconferencia por motivos médicos. La sesión se centró en la lectura del informe final del abogado del que fuera chófer de la familia Bárcenas, cuya línea argumental es que fue "captado" como "colaborador" de la Policía para una operación que "pensaba que era lícita en todo momento" y en exponer las contradicciones y "mentiras" que, bajo su punto de vista, ha ido estableciendo el extesorero del PP desde que se comenzó a investigar el caso.

La defensa de Ríos

El abogado Javier Navarro arrancó su informe final con una petición rotunda de libre absolución para el exchófer de la familia Bárcenas redefiniendo la 'Kitchen', igual que hicieron el resto de los acusados tanto durante sus declaraciones como en la lectura de sus respectivos informes, como un dispositivo de inteligencia plenamente legal. En este sentido, sostuvo que Ríos jamás conoció un fin ilícito, no participó en el desvío de fondos públicos ni sustrajo documento o teléfono alguno al extesorero.

El letrado recordó que su representado trabajó para la familia Bárcenas entre julio de 2013 y noviembre de 2014 realizando funciones combinadas de conductor y escolta por las que percibía un salario informal en efectivo. Navarro insistió en que no existió "vulneración alguna de la intimidad" ni delito de encubrimiento, al tiempo que remarcó que las actuaciones de Ríos como uno de los siete confidentes que tuvo la Policía en esta causa no alcanzaban los estándares mínimos exigibles para sustentar la condena de doce años de cárcel que reclama la Fiscalía.

Asimismo, la defensa reconstruyó la secuencia de su captación, enlazando con el relato expuesto el lunes por la defensa del comisario Gómez Gordo: el proceso se inició tras un intento del comisario Enrique García Castaño -a quien distintos acusados han tratado de describir como la persona que realmente habría cometido algún delito pero "por su cuenta y riesgo", pese a que se decidió eximirle de los ilícitos por motivos de salud-, quien le facilitó un número de teléfono que desembocó en una cita con el propio Gómez Gordo y con José Manuel Villarejo. Según la versión de la defensa, Villarejo le advirtió de que la Policía investigaba la localización de testaferros de Bárcenas e instó a Ríos a colaborar para no verse salpicado. "Mi representado quería dejar a la familia Bárcenas, pero fue conminado por el señor Villarejo para que continuara bajo la premisa de si no lo hacía, sería colaborador de los hechos delictivos que se le investigaban al señor Bárcenas". Ante ese escenario, el exchófer decidió colaborar motivado por la convicción de cumplir con su "deber especial de auxilio" a los agentes, bajo la certeza de que participaba en un dispositivo oficial legítimo.

Frente a esta defensa, la Fiscalía Anticorrupción solicita para el exchófer una pena de 12 años de prisión al considerarle una pieza clave en la logística del espionaje. El Ministerio Público le atribuye los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y malversación de fondos públicos, sosteniendo que cobró 2.000 euros mensuales procedentes de los fondos reservados a cambio de vigilar a la familia Bárcenas, sustraer agendas y dispositivos con documentación sensible sobre la financiación irregular del PP, y obtener como contrapartida un acceso primado a la Policía Nacional.

Las últimas palabras de los acusados

Solo tres de los procesados hicieron uso de su derecho a la última palabra. Villarejo centró su alegato en justificar que su imputación responde a haber "pisado callos muy importantes en las altas esferas" y en defender que las anotaciones de sus agendas eran simples "recordatorios temporales". Durante su discurso, el excomisario negó cualquier intención aviesa en los audios aportados a la causa, encuadrando sus conversaciones en sus funciones habituales como "agente de inteligencia", además de manifestar su confianza en la independencia judicial y lamentar el daño sufrido por otros.

Gómez Gordo, por su parte, rechazó por completo su participación en la "ideación o planificación" de la trama. Ríos insistió en que siempre actuó bajo la convicción de que se trataba de un "operativo totalmente lícito" junto a las fuerzas de seguridad, al tiempo que denunció el acoso sufrido a su intimidad y ha negado de forma tajante su presencia en el restaurante madrileño donde presuntamente se volcaron los teléfonos de Luis Bárcenas. "No estuve en esa comida, pero si hubiese estado, habría dicho que sí, porque pensaba que era un operativo lícito", señaló.