El PP pide un reparto justo de los menores
El PP ha abierto este miércoles la puerta a que el reparto entre comunidades sea «planificado»
Los menores no pueden ser devueltos.
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha afirmado que «el PP siempre va a cumplir la ley», mientras que en Andalucía, el vicepresidente segundo de la Junta y líder de Vox, Manuel Gavira, ha anunciado que se opondrán «por todos los medios legales, jurídicos y políticos» en línea con el vicepresidente extremeño Óscar Fernández (Vox) que ha expresado su rechazo «por tierra, mar y aire». En Aragón, donde también hay gobierno de coalición PP y Vox, la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero (PP) se ha situado en el cumplimiento de la ley si bien ha avisado de que el Gobierno autonómico recurrirá por todas las vías legales cualquier decisión que considere contraria a derecho. Y en la Comunidad Valenciana, la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat (PP) ha dicho que cuando el Gobierno de Sánchez aporte información «evaluarán» el reparto porque sus centros están «colapsados».
Este miércoles, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP) ha pedido «socorro y auxilio» al Estado, que es el que tiene las capacidades ejecutivas, ante la situación «absolutamente límite» que vive la ciudad tras la entrada masiva de migrantes. Aunque no ha cifras oficiales del número de menores que entraron en Ceuta el pasado jueves y permanecen en la ciudad autónoma —por su condición de menores de edad no acompañados no pueden ser devueltos a Marruecos y deben ser tutelados por la comunidad a donde han llegado— la Policía Nacional ha identificado a 528. Desde que comenzó la crisis, el Ejecutivo ha recordado que está vigente la reforma de la ley de extranjería llevada a cabo el año pasado, que establece un mecanismo de reubicación de los menores migrantes que llegan a territorios con alta presión migratoria, como Ceuta, hacia otras comunidades autónomas para su mejor atención. Precisamente, el presidente de Ceuta ha recordado este miércoles que la ciudad autónoma atiende a 1.100 jóvenes, un 2.600 % por encima de la capacidad de acogida, lo que supone una situación de «emergencia humanitaria absolutamente insostenible».
En Euskadi, la consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha defendido que «la primera obligación del Estado no es repartir» a los menores extranjeros de Ceuta entre las autonomías, sino «agotar las vías administrativas para que los menores vuelvan con sus familias». Sobre la disposición de Euskadi a acoger menores, Melgosa no se ha negado, pero ha recordado que el País Vasco tiene en este momento «a más número de menores del que tendría que tener». En Castilla-La Mancha, el vicepresidente segundo José Manuel Caballero ha asegurado que el Ejecutivo autonómico está dispuesto a «trabajar, arrimar el hombro y, sin duda, apostar por la solidaridad» ante la crisis humanitaria. También Navarra ha mostrado su disposición a participar en la acogida de menores no acompañados procedentes de Ceuta y ha instado al conjunto de comunidades a cumplir con el reparto acordado entre administraciones. La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo Carmen Maeztu ha señalado que frente a la negativa expresada por algunos gobiernos autonómicos, «el Ejecutivo foral reitera su compromiso con una respuesta coordinada entre todas las comunidades autónomas».
Y ha recordado que existe un mecanismo de respuesta y reparto obligatorio basado en principios de equidad, solidaridad y protección del interés superior de los menores.