El Gobierno propondrá que se vote a partir de los 16 años

La ministra de Juventud, Sira Rego, aseguró que el Gobierno bajará la edad para votar, una medida que está contemplada dentro de la 'Ley de juventud' que espera presentar al Consejo de Ministros después del verano. "Planteamos la ampliación del voto a los 16 años", dijo en una entrevista publicada este domingo por Europa Press. Que se pueda votar dos años antes de lo permitido hasta ahora "es uno de los elementos que lleva esta ley: La ampliación de los derechos políticos hasta los 16 años. Sería una de las grandes ampliaciones de derechos políticos de la democracia en nuestro país", dijo.

Las primeras elecciones en las que participarían los más jóvenes serían las europeas de 2029, según los cálculos de Rego, que lo justificó con que esto ya ocurre en otros países del entorno. "Se podría ir planteando de manera gradual hasta la implementación total en todos los procesos electorales que tuvieran que venir a partir de ese momento", sostuvo.

Esta nueva normativa se encuentra actualmente en negociaciones internas del partido de Gobierno y de aprobarse tendría como objetivo combatir la "desafección que atraviesa la juventud". Los menores, aseguró, necesitan que se les acerque a "los mecanismos que tienen que ver con la intervención política".

Acogida y adopción fáciles En el nuevo curso, Rego espera también llevar al Consejo de Ministros la 'Ley de familias acogedoras" para "facilitar la acogida y adopción", al "mejorar los mecanismos", dentro de la "coordinación interterritorial".

"Es una ley muy esperada que hemos trabajado junto con las asociaciones de familias acogedoras", dijo en la misma entrevista. "La idea es que la ley facilite y reconozca el papel y el rol de las familias de acogida; genere mecanismos más eficientes; acorte los plazos, y facilite todo lo que tiene que ver con acogida y con adopción".

La ley afectaría a 1.200 menores bajo la tutela del Estado, que tienen entre seis y tres años y a 600 que tienen entre tres años y pocos meses, de los 20.000 que están en territorio español. "A mí me parecen muy malos datos", dijo. "La ley acortaría los plazos de adopción y acogida".

La norma que trabaja su ministerio estaba ya sobre la mesa antes de la crisis de Ceuta, y cuenta con "una buena acogida también entre las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias a este nivel".