La avalancha en Ceuta enfrenta a Gobierno y PP por el papel de Marruecos
El Ejecutivo se esfuerza por desviar el caso ceutí hacia una crisis humanitaria
Numerosos inmigrantes permanecen en la playa del Trampolín.
Para el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, lo sucedido los días 30 y 31 de julio «no es una crisis migratoria al uso». «Es un episodio a través del que se ha puesto en jaque nuestra integridad. [...] Nuestra seguridad está en manos de un país tercero, Marruecos, que no reconoce nuestra soberanía», señaló el veterano mandatario del PP este jueves en una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos de Interior de la Eurocámara.
Un análisis que comparten en la dirección nacional de su partido, cuyos dirigentes llevan días asegurando que la avalancha que provocó la entrada irregular de al menos 72.000 personas a la ciudad autónoma responde a una estrategia de «guerra híbrida» y «ocupación premeditada» impulsada por el reino alauí mediante la instrumentalización de la presión migratoria frente a los intentos del Ejecutivo de ceñirla exclusivamente a una crisis humanitaria. Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez reconoce que lo acontecido en Ceuta es una violación de la integridad territorial de España ha evitado apuntar a Marruecos señalando directamente a las mafias del tráfico de personas que hicieron, como explicó el propio presidente durante su visita a la ciudad, una «lectura interesada» de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que limita las devoluciones en caliente de quienes llegan por mar. Los populares no niegan que la sentencia del alto tribunal del 16 de julio pudiese actuar como detonante pero ponen el foco en cómo decenas de miles de personas alcanzaron una de las fronteras más vigiladas del Magreb sin que un estado con potentes servicios policiales y de inteligencia pudiera impedirlo. La crisis ha agrandado aún más si cabe la distancia entre Moncloa y Génova, que ha utilizado su ariete del Senado para trata de poner contra las cuerdas al Ejecutivo solicitando la comparecencia para esta misma semana en las respectivas comisiones de los ministros directamente implicados en la crisis de Ceuta.
El PP quiere que el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la de Defensa, Margarita Robles aclaren qué información manejaron Interior y el Centro Nacional de Inteligencia antes de la entrada masiva de finales de junio. Como publicó este periódico, España ignoró más de 20 avisos e informes oficiales que alertaban de que Marruecos planeaba instrumentalizar la inmigración como un ariete en su «guerra híbrida» contra el país, antes de que se desatara la masiva crisis en Ceuta. También señalan al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por la crisis diplomática abierta con Italia a raíz del cierre de espacio Schengen o del titular de Presidencia, Félix Bolaños, de quien depende Seguridad Nacional, por el cese fulminante de la responsable de comunicación del Departamento después de la información publicada en la web del organismo sobre la entrada de miles de personas en la ciudad autónoma. El Gobierno rechazó la petición del Senado alegando que sus ministros comparecerán en el Congreso casi un mes después de la crisis y otras razones, como «la falta de tiempo para su preparación».
El presidente de la Cámara alta, el popular Pedro Rollán, ya ha advertido por carta a los ministros de que se adoptarán «las medidas que procedan» y se exigirán las «responsabilidades» oportunas si deciden no comparecer «sin causa debidamente justificada».
Rollán ha enviado además este domingo una misiva al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, quien previamente le había conminado a desconvocar las cuatro comisiones en la Cámara alta, avisando de que no puede pasar por alto la notoria intención de escamotear al Senado el ejercicio de sus funciones constitucionales».