Tres frentes y una presidenta: el cerco judicial a Isabel Díaz Ayuso
La dirigente madrileña encara el próximo curso bajo la presión de los tribunales: el ático, las presuntas irregularidades fiscales de su pareja y la gestión del covid en las residencias y el número de muertos
Ayuso junto al cuadro de la virgen de la Paloma tras la misa a la patrona popular de Madrid.
Isabel Díaz Ayuso ha hecho de la Puerta del Sol un bastión inexpugnable ante las continuas embestidas de la oposición que ha tratado sin éxito de desgastarla y que, en estos siete años de mandato, se han llevado por delante a más de una docena de rivales. Pero el tablero político madrileño experimenta un notable cambio de rasante. Lo que antes se dirimía exclusivamente en la Asamblea regional ha dado un salto definitivo a los tribunales configurando una triple pinza judicial que cerca su gestión y a su entorno más directo. El reciente escándalo por la compra pública de un ático de lujo en Chamberí, la investigación penal por presunto fraude fiscal a su pareja, Alberto González Amador, y las persistentes demandas civiles y penales derivadas de la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia amenazan con desgastar su capital político de cara al próximo curso en el que las urnas se volverán a abrir.
El frente judicial más reciente estalló con fuerza hace apenas dos semanas, en plena avalancha de inmigrantes en Ceuta, tras destaparse la polémica adquisición de un inmueble de lujo de 483 metros cuadrados en la capital por parte de la empresa pública regional, Planifica Madrid. La entidad desembolsó 6,3 millones de euros con el argumento inicial de habilitar una oficina temporal para la presidenta mientras se ejecutaban obras de reforma en la Real Casa de Correos.
La operación encendió las alarmas de los reguladores y de la izquierda al descubrirse que el proceso carecía de expediente previo o justificación en la memoria anual del organismo público, además de que la normativa urbanística municipal no permite la instalación de oficinas de la Administración en las plantas más elevadas de un bloque residencial. El Juzgado de Instrucción Número 8 de Madrid asumió la investigación tras una batería de denuncias presentadas por la asociación Iustitia Europa, el PSOE y varios denunciantes particulares. La Fiscalía Provincial de Madrid remitió los casos a dicho juzgado al apreciar posibles indicios de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y administración desleal. Pese a que el Ejecutivo regional reaccionó con prisa poniendo el ático a la venta por 6,7 millones para mitigar el golpe, coincidiendo con la puesta en el mercado de las viviendas donde la presidenta reside con su pareja, la justicia mantiene la lupa sobre quién autorizó este movimiento contable.
Una operación que no se entiende en la dirección nacional del PP, que ha optado por ponerse de perfil y remitir a las explicaciones de la propia Ayuso. La mandataria regional atribuye a una «campaña de desprestigio» las insinuaciones de la oposición de que se trataba de una posible residencia oficial, algo que ella niega. «Todavía no he entendido lo de Ayuso y el ático», expresó en una entrevista ‘El País’ la portavoz adjunta del PP en el Congreso, la única que se ha atrevido a opinar en público por el momento.
El segundo eje de vulnerabilidad afecta al núcleo íntimo de la presidenta madrileña. Su novio, el empresario Alberto González Amador, se encamina de forma inevitable al banquillo de los acusados tras confirmarse su procesamiento formal por la Audiencia Provincial de Madrid. El Juzgado de Instrucción Número 19 lidera una causa penal por dos delitos de fraude fiscal y falsedad documental, derivados de un presunto desvío fraudulento que supera los 350.000 euros mediante el uso de facturas falsas y sociedades pantalla. Aunque desde el Ejecutivo madrileño se ha insistido de forma reiterada en que se trata de un asunto estrictamente particular, la ramificación institucional es innegable. La estrategia de defensa desplegada por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, e incluso las querellas cruzadas que llegaron a involucrar al propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por supuestas filtraciones del caso, han convertido un presunto delito tributario en una cruenta batalla de Estado con acusaciones cruzadas de conspiración política y guerra sucia informativa.
El tercer frente constituye el golpe moral e institucional más profundo y prolongado en el tiempo. A pesar de los repetidos intentos del equipo jurídico de la Comunidad de Madrid por archivar de forma definitiva las carpetas relativas a la crisis de la Covid, la herida sigue abierta en los tribunales.
Diferentes asociaciones de familiares de víctimas, respaldadas por la izquierda, mantienen vivas múltiples querellas y recursos relacionados con los denominados «protocolos de la vergüenza». Estas directrices médicas de la Consejería de Sanidad prohibieron el traslado de ancianos enfermos desde las residencias hacia los centros hospitalarios en los peores momentos de la crisis sanitaria. La Audiencia Provincial de Madrid continúa validando la acumulación de causas y la revisión de las actas de inspección de la Policía Municipal, que reflejaron las condiciones de desamparo en las que fallecieron miles de personas de la tercera edad.
Ayuso acostumbra a defenderse de estos embates presentándose como la víctima de una cacería política orquestada desde el Gobierno central. No obstante, la coincidencia temporal de estos tres frentes en los tribunales estrecha de manera inédita el margen de maniobra de la líder autonómica del PP con un peso orgánico y electoral decisivo dentro del partido. El desenlace de las pesquisas sobre el ático de Chamberí, el inminente juicio penal a su pareja y el recorrido de las actas de las residencias determinarán si su blindaje político en Madrid mantiene la resistencia o empieza a agrietarse definitivamente bajo el peso de la ley.