El Gobierno recurre a la baza económica para intentar aplacar el desgaste en Ceuta

Tras una semana marcada por las críticas de inacción tanto de la oposición como de sus propios aliados de investidura, el Gobierno ha decidido jugar la baza económica para apagar el incendio político de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes —hasta 80.000— el pasado 30 de julio. Moncloa aprobará este martes un paquete de ayudas urgentes por valor de 165 millones de euros para aplacar la sucesión de reproches por la tardanza en reaccionar e intentar desplazar el debate del ámbito de la seguridad y el control fronterizo hacia el de la reconstrucción económica.

Esta importante inyección —que equivale al 4% del PIB ceutí— contempla el desembolso directo de 80 millones de euros en los próximos cuatro meses y otros 70 millones previstos para el ejercicio de 2027. A esta partida —según avanzó el Diario 'El País'— se añaden 15 millones de euros para apuntalar la red sanitaria, educativa y judicial de la zona, así como otra partida específica de 35 millones destinada a amortiguar las pérdidas de pymes y autónomos locales. La movilización de este paquete de ayudas, que se suma a los 35 millones anunciados el pasado jueves por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para reforzar la frontera y evitar futuras entradas masivas, actúa como un cortafuegos ante la inminente comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso. Frente a los reproches por la descoordinación entre los ministerios de Defensa e Interior, las dudas sobre la vigilancia epidemiológica y las exigencias de repatriación planteadas por la oposición, el Gobierno pretende tomar la iniciativa de la grave situación que se vive en la ciudad autónoma —en la que los altercados y episodios violentos han ido en aumento— al cumplirse exactamente un mes de la llegada masiva de migrantes procedentes de Marruecos.

En el PP, por su parte, centran sus esfuerzos en tratar de acorralar al Gobierno y depurar responsabilidades. La inauguración del curso político que Alberto Núñez Feijóo protagonizó este sábado sirvió para anunciar dos importantes ofensivas: Génova llamará a declarar a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al Senado y se personará en la causa abierta en la Audiencia Nacional sobre lo acaecido en la ciudad ceutí el pasado julio. Dos claros ejemplos de hasta qué punto los populares pretender redoblar la presión sobre Sánchez en esta crisis tras el parón estival y de que no se darán por satisfechos con medidas económicas mientras sigan sin aclararse las «contradicciones» del Gobierno.

Fuentes populares insisten en que las decisiones que Moncloa está adoptando «no están siendo ni rápidas ni procedentes» para atajar esta crisis. En este sentido, Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del partido, anunció este domingo que el PP convocará concentraciones de apoyo a Ceuta el próximo 2 de septiembre en aquellos municipios donde los alcaldes socialistas no secunden la convocatoria, tal y como ya han anunciado algunos de ellos que harán por considerarlo una «maniobra partidista» del principal partido de la oposición. El dirigente popular explicó que las movilizaciones previstas a las 20.00 horas pretenden ser «a favor de Ceuta, de los ceutíes, y para reivindicar una solución urgente, de vuelta a la normalidad para esta ciudad».

Bendodo —que recalcó la necesidad de evitar que Ceuta se transforme en «una Lampedusa española o en un CETI permanente"— también se refirió a la comparecencia de Sánchez del próximo 3 de septiembre —fecha que Moncloa escogió tras barajar inicialmente el día 9 y recibir críticas de sus aliados parlamentarios-.

A su juicio, Sánchez llega a la Cámara «arrastrando los pies». «El Gobierno nacional no se puede ir de vacaciones y Pedro Sánchez ha estado un mes de vacaciones dejando que esto avance. ¿Qué más tiene que pasar para que un presidente suspenda sus vacaciones?", se preguntó Bendodo.