Sólo Sánchez cree a Marruecos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha constatado ayer que ni la oposición ni sus socios, incluido Sumar, apoyan la gestión de la crisis de Ceuta y tampoco le creen cuando mantiene que «por ahora» no hay pruebas de la implicación de Marruecos, aunque ha prometido contundencia si los «indicios» al respecto se aclararan.

En la sesión extraordinaria del Congreso convocada para abordar esa crisis provocada por la entrada masiva de migrantes a finales de julio, Sánchez ha asegurado que no protege a Marruecos, ha pedido prudencia y ha reivindicado la labor de su Gobierno para recuperar cuanto antes la normalidad en la ciudad autónoma. Únicamente la bancada socialista se ha mantenido a su lado —aunque la ministra de Defesa Margarita Robles ni se levantó ni aplaudió el discurso del presidente—, mientras sus tradicionales aliados cuestionaban su discurso y su gestión, y PP y Vox le preguntaban directamente qué información logró Rabat espiando su móvil con el sistema Pegasus para que ahora él calle y no exija responsabilidades ante lo que consideran una «invasión».

Tras el informe policial que entregó en la Audiencia Nacional el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) que sitúa entre los organizadores y ejecutores de la entrada masiva a agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes, Sánchez ha insistido en que «no hay pruebas» de que la crisis fuera «diseñada o ejecutada» por las autoridades de aquel país. Si las tuviera, ha garantizado que actuaría «en consecuencia, con total contundencia», pero «a día de hoy» no cuentan con ellas y por ello ha apostado por la prudencia para evitar «un conflicto diplomático de primera magnitud», aunque ha garantizado que las investigaciones van a continuar. Ha reconocido que, tras lo ocurrido, la cooperación con Marruecos «tiene que ser diferente» y que están revisando con el país vecino todos los «mecanismos de coordinación y alerta».

Sánchez ha asegurado que el Gobierno no tuvo ningún informe ni nota verbal que anticipara «ni la escala ni la probabilidad» de la crisis y, para demostrarlo, ha anunciado que se publicará un dossier con los informes elaborados por todos los organismos y cuerpos de seguridad.

«Si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice», le ha espetado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, convencido de que Sánchez sí había sido advertido de lo que podía ocurrir y de que va a pagar «ante la justicia y en las urnas». Para el PP, fue una operación que «salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó». «¿Qué documento o conversación había en su teléfono para que se comporte de esta manera?; ¿por qué tiene miedo a Marruecos?», le ha preguntado.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido a Sánchez de que Marruecos «no es su amigo, es su amo», le ha indicado que «si no es capaz de defender España lo que tiene que hacer es irse», y pedido que se aplique la Constitución para llevarle ante el Supremo por traición.

Todos los socios han señalado a la responsabilidad marroquí y algunos sin paños calientes, como el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha tildado a Mohamed VI de «asesino» tras la muerte de 141 personas en el marco de la entrada masiva. Sumar ha dejado claro que está en el Gobierno pero no comparte su estrategia en Ceuta. Enrique Santiago ha acusado al Ejecutivo de actuar «tarde», le ha reprochado que no traslade migrantes a la península y ha avisado de que no es creíble exculpar a Marruecos, mientras que su compañera Aina Vidal ha denunciado el fracaso de la «política de apaciguamiento» con el país vecino. Junts, que ya no se considera socio de Sánchez, ha opinado que el Gobierno, tanto si tuvo avisos sobre la crisis como si no, ha quedado «inhabilitado para seguir gobernando» y ha vuelto a reclamar para Cataluña las competencias migratorias, como han hecho también para Euskadi EH Bildu y el PNV. Mertxe Aizpurua (Bildu) ha estimado que quizá sea la hora de «recalibrar» las relaciones con Rabat y rectificar el «error» que supuso el giro ante Sáhara, y Maribel Vaquero (PNV) ha avisado de que Marruecos no es «confiable», al tiempo que ha denunciado la falta de autocrítica de Sánchez. Un paso más allá, la líder de Podemos, Ione Belarra, pedía romper relaciones diplomáticas y comerciales con Marruecos hasta que sea una democracia, y mientras el BNG ve a Sánchez «rendido al sátrapa Mohamed VI», Coalición Canaria abogaba por una cooperación «sin chantajes» y UPN acusaba al Gobierno de «sumisión» a Rabat.

Entre el ruido y las palabras gruesas, el único mensaje unánime ha sido el de la defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla. Con ella ha comenzado Sánchez su discurso ante la cámara, donde ha revelado también que convocó a la embajadora marroquí tras declaraciones «inaceptables» de dos ministros de su país reivindicando para Marruecos las dos ciudades autónomas y ha avanzado que el rey las visitará en las próximas semanas.

Bruselas sigue considerando a Marruecos un «socio estratégico importante» de la UE en materia migratoria.

El Gobierno de Ceuta ha acordado este jueves, en una reunión extraordinaria, personarse como acusación particular en la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre los hechos acaecidos los días 30 y 31 de julio durante la entrada masiva de miles de migrantes a través de la frontera del Tarajal.

Según ha informado el Gobierno ceutí que preside Juan Jesús Vivas (PP), estos hechos habrían afectado de "forma directa y grave a bienes e intereses públicos" de la ciudad autónoma, en particular al normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales, a la seguridad y tranquilidad ciudadanas, así como al sistema de protección y tutela de menores migrantes no acompañados.

El objetivo de personarse es "defender los derechos de las víctimas, en este caso el pueblo de Ceuta".

La personación del Gobierno de Ceuta como acusación particular permitirá la defensa de sus intereses institucionales, la adecuada valoración de los perjuicios sufridos y sus servicios públicos, y la eventual exigencia de las responsabilidades penales y civiles que procedan frente a los responsables de los hechos investigados.