La fiscal pide una sentencia para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González que sea "ejemplar" contra la corrupción
El PSOE ha solicitado 10 años de prisión para Ignacio González e Ildefonso de Miguel
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Gonzalez.
La fiscal ha pedido en el primer juicio al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por el caso Lezo una "sentencia ejemplar" porque "casos de corrupción como este socavan la arquitectura del Estado democrático de derecho y quiebran la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas".
La Audiencia Nacional ha dejado este jueves visto para sentencia el juicio en una sesión en la que la fiscal ha rebajado de 6 a 5 años su petición de prisión para Ignacio González y para el resto de acusados al aplicarles la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en esta pieza del procedimiento de este caso de corrupción relacionado con el PP.
Ignacio González, que estuvo seis meses en prisión provisional tras ser detenido en 2017, está acusado de dos delitos de cohecho por presuntas irregularidades en sendas adjudicaciones de Canal de Isabel II para beneficiar supuestamente a un hermano y a un cuñado suyos en 2006 cuando era vicepresidente del Gobierno autonómico encabezado por Esperanza Aguirre y presidía dicho ente público.
También han sido juzgados Pablo González y José Juan C.E., hermano y cuñado del expresidente de la Comunidad de Madrid; José Antonio C.M., que fue socio de los dos anteriores en una empresa, y el entonces gerente de Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel.
La fiscal anticorrupción Ana Cuenca ha relatado en su informe que Canal de Isabel II convocó en 2003 un concurso para la remodelación de su depósito de agua de la avenida de Filipinas de Madrid con jardines, estanques, un campo de fútbol y un helipuerto, que se adjudicó a Dragados por 40.876.128 euros.
Ha estimado acreditado que en 2004 Ignacio González e Ildefonso de Miguel impulsaron un modificado del concurso para beneficiar a familiares del primero eliminando el helipuerto y el ajardinamiento e incluyendo un campo de golf con césped artificial.
Ha añadido que convinieron con Dragados que Canal de Isabel II le adjudicaría directamente dicho modificado si subcontrataba a la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería S.L. (TCT), cuyos socios eran los otros tres acusados.
La fiscal ha explicado que el Consejo de Administración de Canal de Isabel II aprobó en julio de 2006 la adjudicación a Dragados del modificado y en diciembre de ese año la de la gestión y explotación de las instalaciones deportivas a una unión temporal de empresas en la que estaba TCT por 3.250.000 euros y un plazo de ejecución de cinco años.
Ha concluido que los socios de TCT se beneficiaron con cerca de medio millón de euros "por no hacer nada".
El abogado de la Comunidad de Madrid ha pedido 16 años de prisión para Ignacio González e Ildefonso de Miguel y siete para los demás acusados al estimar que además del cohecho incurrieron en delitos de fraude a las administraciones públicas y malversación mientras que la letrada del Ayuntamiento de Madrid se ha adherido a las solicitudes de la Fiscalía.
El PSOE ha solicitado 10 años de prisión para Ignacio González e Ildefonso de Miguel, a quienes acusa de tráfico de influencias en concurso con cohecho, prevaricación y dos fraudes a la administración pública, y siete para los demás acusados.
El abogado del PSOE ha señalado que "una ocurrencia, un capricho y un antojo de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid nos llevó hasta aquí y si Esperanza Aguirre en lugar de ser hándicap 6 o 7 de golf hubiera sido lanzadora de dardos habrían hecho una instalación de dardos".
Ha añadido que "durante la presidencia de Ignacio González Canal de Isabel II era como una caja llena de dinero y quien pasaba por allí se lo llevaba".
"Ignacio González vio la oportunidad de quedar bien con la presidenta de la Comunidad, a la que le gusta mucho el golf y él estaba para servirla, ayudarla y llevar a cabo sus sueños, y de que él y familiares muy próximos se pudieran enriquecer", ha abundado.
Las defensas han pedido la absolución de los acusados al estimar que no se ha probado que cometieran dichos delitos.