El Gobierno centra su política exterior en la lucha contra el terrorismo

Palacio desveló que el Ejecutivo quiere utilizar como base del futuro texto la Decisión Marco que los Quince adoptaron para unificar sus legislaciones antiterroristas tras los atentados del 11-S. Por aquel entonces -recordó este viernes la ministra- sólo seis de los estados miembros tenían tipificado el delito de terrorismo. En los otros nueve países las legislaciones nacionales no hacían mención alguna a esta cuestión y por tanto no estaba penada. El interés del Gobierno español por trasladar la definición común del terrorismo de la UE al Consejo de Europa es cuantitativo. El futuro convenio que promoverá España vinculará a un número mucho más elevado de países y ciudadanos que el acuerdo ya existen: 44 estados frente a quince, con una población de 800 millones habitantes frente a los 300 millones de personas que viven en la Unión. Entre estos países -recordaron ayer fuentes diplomáticas- se encuentran algunos estados «estratégicos» en la lucha internacional contra el terrorismo islámico como Turquía o Rusia, que no forman parte de la Unión Europea. En opinión de Ana Palacio, transponer la Decisión Marco de la UE al Consejo de Europa no debería plantear excesivos problemas, más allá de introducir «matices». «Es importante que el terrorismo se castigue de manera homogénea en los estados de nuestro entorno», insistió la responsable diplomacia española, quien este sábado hizo un extenso repaso de los que serán los objetivos de la acción exterior del Gobierno a lo largo del 2003. En ese adelanto de las prioridades de Exteriores, y siempre con la lucha antiterrorista como norte, Ana Palacio desveló que las pretensiones españolas pasan incluso por presidir el Comité de Lucha contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, creado tras los atentados contra el World Trade Center y el Pentágono.