El CGPJ suspende a la juez que presuntamente favoreció a Mario Conde

La Fiscalía había comunicado el lunes a la comisión su posición favorable a la suspensión cautelar de la magistrada, mientras el instructor del expediente no se opuso a la medida, aunque dejó claro que, dada la agilidad con la que se va a resolver el caso, no estimaba precisa la separación provisional de la juez. El período máximo de suspensión cautelar es por seis meses y la magistrado puede recurrir la decisión en primera instancia ante el Pleno del CGPJ y, en segunda, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. La presentación del recurso no paraliza la ejecución de la medida. Fuentes del CGPJ indicaron que la instrucción del expediente disciplinario será rápida, por lo que la suspensión cautelar, de haberla, será de poca duración. La razón de la agilidad del expediente está en que el instructor ya ha presentado su pliego de cargos, que ha remitido a la afectada y al Ministerio Fiscal para que realicen sus alegaciones antes de la semana próxima. En el pliego de cargos preliminar, el instructor considera a Prado Torrecilla autora de dos faltas muy graves, por las que podría incluso ser apartada de la carrera judicial. Dos faltas muy graves Tras recibir las alegaciones, el instructor remitirá a la Comisión Disciplinaria el expediente completo para que lo estudie en su reunión del 22 de enero. Si no se producen cambios sustanciales, achacará a Prado Torrecilla dos faltas muy graves: una por presionar a otro juez y otra por abusar de su condición para obtener trato favorable de una autoridad o funcionario (el director de prisiones). Si la comisión acepta la próxima semana los hechos documentados por el instructor, remitirá el expediente al Pleno del CGPJ -el órgano que debe resolver sobre las faltas muy graves- y lo acompañará de una propuesta de sanción. El Pleno podría tomar una decisión final en su reunión del 28 de enero. Las faltas muy graves, según la ley del Poder Judicial, se castigan con tres tipos de sanciones: la suspensión temporal por un plazo de un mes a tres años, el traslado forzoso, o la expulsión definitiva. La decisión del Pleno es recurrible ante el Supremo. Prado Torrecilla fue denunciada ante el CGPJ por sus dos colegas madrileños de vigilancia penitenciaria, los titulares de los juzgados 1, la juez Reyes Jimeno, y 3, el juez De Castro. Ambos consideran que les presionó para que concediesen al ex banquero el tercer grado penitenciario. Reyes Jimeno denegó este beneficio penitenciario a Conde el pasado 9 de diciembre. Además, ambos magistrados y una secretaria judicial han desvelado presuntas presiones de Prado Torrecilla al director de la cárcel de Alcalá-Meco para que remitiese al juzgado un informe favorable a Conde. Prado Torrecilla ya concedió el tercer grado a Conde durante una condena anterior.