El PP blinda el caso a cualquier debate político en el Congreso

En la reunión que ayer celebró la Diputación permanente, el PP rechazó la comparecencia de Aznar, el adelanto del debate sobre la creación de una comisión de investigación sobre la catástrofe, una propuesta de indemnizaciones para afectados e, incluso, que algunos ministros del Ejecutivo den explicaciones en sede parlamentaria. Y para rechazar todas estas medidas, y entre las duras críticas de la oposición, el PP sólo contó con el respaldo de CC. Luis Mardones explicó este apoyo explicando que la crisis del Prestige no puede resolverse con «tremendismo» en sesiones extraordinarias, sino que exigen un debate más reposado, al margen de la contienda electoral y cuando la crisis haya finalizado. CiU, que hasta ahora no había apoyado las peticiones de la oposición, votó ayer en contra de los intereses del Gobierno. Su portavoz parlamentario, Xavier Trias, lo había adelantado, argumentando que Aznar se ha negado a acudir al Parlamento e incluso a reunirse con todos los grupos parlamentarios. «Lo más importante es que se den explicaciones públicas, que se dé la cara y se tranquilice a los afectados», dijo antes de la reunión de la Diputación Permanente. Entre el resto de los grupos, las críticas al Gobierno fueron una constante. El portavoz socialista en la comisión Constitucional, Diego López Garrido, atribuyó a Aznar y al ministro de Fomento, Francisco Alvarez-Cascos, la mayor responsabilidad en la gestión de la crisis y aseguró que la negativa a dar explicaciones en el Parlamento supone «una obscenidad política impresentable», que encaja mal en un año que se celebra el 25 aniversario de la Constitución. «¿Qué temen ustedes?», preguntó el socialista al Gobierno, al que acusó de pretender que «el pueblo español siga ciego, sordo y mudo». Además, les reprochó que utilicen al poder del Fiscal General para intimidar a quien discrepa, en referencia a querella aceptada contra la plataforma Nunca Máis.