El Defensor del Pueblo niega la nacionalidad a los nietos del exilio

Los 50.000 descendientes directos de los millares de exiliados de la Guerra Civil no tendrán posibilidad de ser españoles de manera automática. El Defensor del Pueblo ha cerrado el único resquicio que les quedaba: Enrique Múgica ha decido desestimar la demanda de estos nietos del exilio, unidos en el colectivo Morados, que durante el pasado año le remitieron una petición conjunta para que recurriera ante el Tribunal Constitucional la reforma del Código Civil que dará la nacionalidad a cerca de un millón de hijos y nietos de emigrantes económicos españoles, pero no a los familiares de los huidos durante el conflicto bélico que estalló en 1936. El defensor del Pueblo es tajante en su exposición: la Constitución deja en manos del Poder Legislativo el decidir quién tiene opciones a la nacionalidad española, por lo que si el Congreso ha aprobado una reforma que establece que sólo accederán al pasaporte los hijos de españoles de origen (nacidos en España) está en su perfecto derecho y esto no es contrario al principio de igualdad que establece la Carta Magna. «Nos encontramos con un ámbito en que el legislador ordinario puede estatuir de acuerdo a su libertad», sostiene Múgica en las contestaciones formales que ha hecho llegar en los últimos días a los morados de todo el mundo. La Constitución -aclara el defensor- sólo establece la prohibición de privar de la nacionalidad a los españoles de origen. «Salvada esta limitación, el legislador de la nacionalidad no queda constitucionalmente obligado más que por su propia libertad». Según Múgica, el Parlamento es soberano para fijar hasta qué grado sanguíneo llega la transmisión de la ciudadanía recién concedida, por lo que «tiene la libertad para decidir si la nacionalidad por opción adquirida por una persona puede aprovechar a sus familiares o no».