Los jueces de vigilancia penitenciaria exigen que se respeten sus decisiones
El colectivo de jueces de vigilancia penitenciaria ha decidido dar un paso adelante y contestar a las críticas políticas a su labor como las padecidas en los últimos meses por la titular bilbaína, Ruth Alonso, tras conceder en diversas resoluciones la libertad condicional a varios presos de ETA. Los magistrados españoles, reunidos en un seminario en Madrid, acordaron pedir al Gobierno y a los partidos políticos «respeto» a las decisiones en su área de competencia, al tiempo que reclamaron al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -el órgano de gobierno de los jueces- que defienda la independencia de estos profesionales ante ingerencias externas en el ejercicio de sus funciones. Aunque la resolución aprobada por el colectivo no cita explícitamente el caso de Ruth Alonso, su redacción, sentido y oportunidad hace evidente que pretende que no se repitan las críticas personales y profesionales recibidas por la magistrado tanto desde miembros del Gobierno como desde responsables del PP y profesionales de algunos medios de comunicación. Lo mismo ocurre con su referencia al CGPJ, pues muchos miembros de la carrera judicial no vieron con buenos ojos que el presidente del Poder Judicial, Francisco Hernando, se aproximase de inmediato a las tesis del Gobierno y acordase abrir una investigación disciplinaria a la juez bilbaína sin consultar a los órganos colegiados, actitud que varios consejeros de la institución calificaron «cuando menos de precipitada». De hecho, el propio pleno del CGPJ, días más tarde, después de terminadas las diligencias previas sobre la actuación de la juez, realizadas por el Servicio de Inspección, dictaminó que la decisión adoptada por Alonso era acorde a la ley y que no era merecedora de sanción disciplinaria alguna. El acuerdo del Poder Judicial, aprobado por mayoría, añadió que la resolución de la juez, el excarcelamiento de un etarra que había cumplido más de las tres cuartas partes de su condena, sólo podía ser corregida por los tribunales competentes, pero no depurada por vía disciplinaria. Discrepancia e ingerencia Los magistrados de vigilancia penitenciaria participantes en el seminario dejaron claro que la reclamación de respeto a su labor jurisdiccional se hace «sin perjuicio del legítimo derecho a la discrepancia de las resoluciones judiciales y a la utilización del cauce al recurso para combatir aquéllas que se entienda que no son ajustadas a derecho».