El Gobierno no admitirá cambios en la ley de endurecimiento de penas

Allí se discutirán los cambios en el proyecto de ley orgánica de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, una iniciativa que busca incrementar el tiempo en prisión de los terroristas y los culpables de delitos muy graves, hasta un máximo de 40 años, y dificultar la obtención de beneficios penitenciarios. La aprobación de la iniciativa modificará el Código Penal, la ley Penitenciaria, la de Enjuiciamiento Criminal y la del Poder Judicial. José María Michavila justificó que el Gobierno no haya modificado el texto, que cuenta con el aval del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía, «para no impedir el consenso» que ya existe con algunos grupos parlamentarios. El ministro de Justicia y el secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, se han reunido en varias oportunidades en los últimos días con los socialistas Alfredo Pérez Rubalcaba y Juan Fernando López Aguilar para discutir las modificaciones que serán refrendadas por el pacto antiterrorista. No obstante, el ministro sólo está dispuesto a aceptar «algún matiz de carácter técnico» sin tocar los aspectos sustantivos del texto. El PSOE, en cambio, quiere que, por una parte, se distinga entre presos reinsertables y los que no lo son, y, por otra, retocar los apartados referidos a los beneficios penitenciarios y aclarar de forma explícita la no retroactividad. Por estos dos asuntos, el Consejo del Poder Judicial vivió un enfrentamiento de la mayoría de los vocales conservadores con la minoría progresista en el que prevaleció el criterio de los primeros, partidarios de aceptar en sus términos el texto gubernamental. Los socialistas pretenden que cuando un preso de ETA muestre deseos de reinsertarse los beneficios penitenciarios se apliquen sobre el tiempo que debe pasar en la cárcel, pero Michavila insistió en que las reducciones de pena se calculen sobre el total de la condena impuesta por el juez y advirtió que este aspecto de la ley es «sustantivo». Es necesario, agregó, «acabar con que sea gratis el segundo, el tercero o el cuarto asesinato», algo que sucedería, a su juicio, si los beneficios penitenciarios se aplican sobre el tiempo real en prisión.