Anticorrupción investiga la campaña adjudicada a Miguel Ángel Rodríguez

La primera medida acordada por el responsable del órgano anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, ha sido solicitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social -organismo que contrató con Carat- un informe pormenorizado sobre los antecedentes de la controvertida adjudicación, la forma en que se realizó y sus repercusiones económicas, además de una copia certificada del expediente oficial. En una segunda fase de las pesquisas, y si fuera necesario para esclarecer lo ocurrido, no se descarta que la Fiscalía tome declaración a alguna persona vinculada a los hechos. Tras conocer la noticia, el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, mostró este miércoles su disposición «máxima» a colaborar con la Justicia, al tiempo que recordó que el expediente completo de la adjudicación fue remitido hace semanas al Tribunal de Cuentas para que pudiera comprobar que «se ha cumplido escrupulosamente la ley». Por ello, se mostró muy tranquilo respecto a los resultados finales de la investigación abierta por la Fiscalía, e incluso comentó en tono irónico que le satisfacía «que todos los males que me tengan que venir desde el punto de vista político y todos los problemas que tenga, yo o el Ministerio, sean de esa magnitud y esa importancia». Denuncias de la oposición Muy distinta fue la interpretación de IU, autora de la denuncia que ha dado origen a la actuación del órgano anticorrupción y en la que se habla de varios presuntos delitos, pues la coalición de izquierdas mantiene que la adjudicación del contrato de publicidad sobre la revalorización de las pensiones y el abono de una paga única para compensar la subida del IPC fue «irregular e ilegal». Según su secretario general, Gaspar Llamazares, la operación se hizo «directamente a dedo» y sin ningún tipo de publicidad aparente. Por ese motivo, y a pesar de la tranquilidad mostrada por el Gobierno ante estos hechos, IU ha solicitado la comparecencia urgente de Zaplana en el Congreso de los Diputados para explicar «por qué el Gobierno utiliza los bienes públicos para financiar a sus amigos..., amigos que antes han tenido responsabilidades políticas en el Gobierno». Su petición podría ser apoyada por el PSOE, cuyo portavoz, Jesús Caldera, dijo que si la Fiscalía abre diligencias «es que habrá indicios para afirmar que hubo algo irregular».