Los jueces proponen 40 cambios al nuevo Código Penal del Gobierno

La reforma del Código Penal remitida por el Gobierno modifica las penas y delitos, incorpora nuevas realidades delictivas y sustituye penas que se han mostrado ineficaces, al tiempo que agravan la comisión de determinados delitos. El anteproyecto considera delitos graves los que acarrean más de cinco años de cárcel (tres años en el actual), menos graves los que comprenden entre tres meses de prisión y cinco años (entre seis meses y tres años ahora), y leves los que se sancionan con tres meses de prisión, multa, pena de alejamiento, o trabajos a favor de la comunidad (antes arresto de fin de semana o multa). El cambio en la filosofía global de las penas es necesario para el agravamiento de la sanción de las faltas y delitos menores para los delincuentes habituales (mayor abanico de cárcel) y por la intención de endurecer las penas y las condiciones de cumplimiento de las condenas de los delitos graves: imposibilidad de obtener el tercer grado hasta que se cumpla la mitad de la condena, y posibilidad de que el fiscal deje en suspenso la salida en libertad condicional si decide recurrir el beneficio. La reforma del Código Penal cambiará casi 150 artículos del texto actual e introducirá14 nuevos delitos. Entre las últimas novedades anunciadas por el Ministerio de Justicia están la condena de la violencia en el deporte y en espectáculos públicos, que puede acarrear una pena de cárcel de entre 3 y 4,5 años y condenas aún mayores de alejamiento; y la instauración de la pena de prisión para los ex cónyuges que no paguen la pensión alimenticia de sus hijos. Esta última infracción penal, que esta ahora era una falta sancionada con multa, podrá suponer la entrada en la cárcel por un período de entre tres meses y un año. Se considera el impago a partir de dos meses consecutivos o cuatro alternos. Otras novedades importantes son la introducción de la discriminación de cualquier tipo por parte de un policía como un delito de torturas, con condenas de entre 1 y 6 años de cárcel; el delito de alteración de moneda y de exportación o transporte de moneda falsificada, que acarrearía penas de 8 a 12 años de prisión; o el delito de lesa humanidad, que pretende perseguir los daños en cualquier grado a personas, ocurridos en cualquier parte del mundo, siempre que se produzcan como un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella. El anteproyecto tendrá que ser discutido la semana que viene, para su convalidación definitiva en el pleno. La minoría progresista de la comisión negó su apoyo al cambio legal.