Ciudades más pequeñas tendrán las competencias de las más grandes

El senador socialista Manuel Hurtado señaló ayer en Lorca que su partido está negociando una nueva iniciativa con el PP, que posibilitaría que ciudades más pequeñas entre con el estatus de gran ciudad, ya que permitiría incluir a muchas de las 115 ciudades de entre 50.000 y 100.000 habitantes. «El PP ha dejado su postura férrea de hace unos meses y ha admitido la proposición para incluir a ciudades que sean sede de una institución autonómica», afirmó Hurtado, quien indicó que tienen «esperanzas de que haya consenso respecto a esta nueva iniciativa, que pretende flexibilizar aun más la posición inicial de incluir sólo ciudades de más de 250.000 habitantes». Esta iniciativa ya fue planteada el miércoles como principio inicial por el PSOE en una votación de la Cámara Alta. En cuanto al trámite que seguirá el borrador de la ley, éste será convertido en anteproyecto por el Consejo de Ministros, hoy mismo o, a más tardar, en su reunión de la próxima semana. Después pasaría por el Congreso y el Senado, en el que, «por como van las cosas, es probable que haya consenso». Según Hurtado, desde el Gobierno central se quiere que la ley esté lista para entrar en vigor inmediatamente después de las elecciones regionales y municipales, «cosa que me parece un tanto apresurada». No obstante, las críticas más duras han venido por parte de IU. La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), aseguró ayer que «las prisas del Gobierno» para sacar adelante el proyecto de ley de Grandes Ciudades «pueden provocar un conflicto» con los ayuntamientos si no se atiende al «consenso» que éstos reclaman para la redacción del anteproyecto de ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. Aguilar explicó en rueda de prensa que éste fue el mensaje que le transmitió al secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, durante la reunión que mantuvieron representantes del Ministerio de Administraciones Públicas y del Ministerio de Hacienda con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y diversos alcaldes para presentarles dicho anteproyecto. Para la alcaldesa de Córdoba, se hace necesaria la apertura de un proceso de negociación tras las elecciones municipales en el que se tengan en cuenta las propuestas de los ayuntamientos. Ejemplos tales como que habrá que duplicar acuerdos en el Pleno y en comisión de gobierno, que pasará a llamarse junta de gobierno, el que puedan formar parte del gobierno municipal personas no elegidas en las elecciones, o que la presidencia del Pleno pueda ejercerla cualquier concejal, en ausencia del alcalde, sin importar el orden de las tenencias de alcaldía, son algunos de los aspectos negativos del anteproyecto, según detalló Aguilar. A esto hay que sumar que Madrid y Barcelona tendrán su propio estatus y tratamiento, que serán diez las ciudades españolas que, por su peso poblacional, serán incluidas, de forma obligatoria, en este proyecto de ley de Grandes Ciudades, mientras que las capitales de comunidad autónoma y las de provincia podrán adherirse voluntariamente «a un traje que no sirve para vestir igual a todo el mundo».