PSOE e IU llevan a Arenas a los tribunales
El intento del ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, de vincular a miembros del PSOE e IU con algunos de los actos violentos que ha sufrido en las últimas semanas el PP sin aportar pruebas ya tiene respuesta. Los cargos políticos señalados se defenderán en los tribunales de estas «falsas imputaciones» por considerar que el secretario general del PP ha vulnerado su honor e imagen. A pesar de estas diferencias, PSOE, IU y BNG condenaron ayer, de nuevo con contundencia, las agresiones contra sedes del PP y de la Xunta de Galicia e instaron a las fuerzas de Seguridad a detener cuanto antes a los responsables. La crispación que ha provocado el apoyo del Gobierno a la guerra aumenta entre los partidos políticos, que han pasado de las subidas de tonos en sus declaraciones públicas a las denuncias en los tribunales. Los dirigentes socialistas a quienes Arenas acusó el pasado jueves, con nombres y apellidos, de participar en actos contra el PP, interpusieron las primeras demandas civiles de protección al honor y al derecho a la propia imagen este mismo viernes. Medida que adoptaron tras comprobar indignados que estaban incluidos en los CD''s, vídeos y documentación que el secretario general del PP presentó a los medios de comunicación como ''pruebas'' que les vincularían con ataques a su partido y que denunciaba «políticamente». Reclaman a Arenas -y al PP por entender que hablaba en su nombre- 500.000 euros como indemnización «por los daños patrimoniales y morales sufridos» que los demandantes utilizarían para ayudar a las organizaciones humanitarias que desarrollen su labor en Irak. Como consta en una de las demandas, la del diputado Julián Simón de la Torre, piden también que el ministro pague la publicación de la sentencia que se dicte en los medios que se han hecho eco de las acusaciones. Entienden que los actos que Arenas les achaca podrían ser un delito y que, si el Partido Popular no ha interpuesto ninguna acción judicial contra las personas que señala es porque sabe que al hacerlo «incurriría en el delito de acusación o denuncia falsa» que recoge el artículo 456 del Código Penal.