El Congreso aprueba el incremento salarial de jueces y fiscales en función de su ritmo de trabajo

El Congreso de los Diputados, con el apoyo de todos los grupos y la única abstención de Izquierda Unida, aprobó este miércoles la nueva Ley de Retribuciones de jueces y fiscales acordada en el seno del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia. El eje fundamental de la nueva norma es el aumento de sueldo de los profesionales de la justicia entre el cinco y el diez por ciento, siempre que los fiscales y jueces superen en un 20 por ciento los resultados y objetivos marcados en sus respectivas sedes judiciales. El texto original, que según coincidieron la mayoría de los grupos era «imprescindible» para dar «estabilidad» y «vertebrar» estas carreras profesionales, ha sufrido dos cambios sustanciales en el Senado, que ayer fueron refrendados en la cámara baja con los votos de la gran mayoría de los diputados. La novedad más importante es la introducción de una enmienda que garantiza que la entrada en vigor de este nuevo sistema de retribuciones que prima la productividad no supondrá nunca una merma en los sueldos de jueves y fiscales, que seguirán cobrando el mismo dinero que con la norma anterior mientras no tengan un nuevo destino. Aun así, la ley prevé una disminución del cinco por ciento en la retribución fija para los casos en el que el rendimiento individual no llegue al 80 por ciento de los objetivos marcados. El Senado también ha logrado que el Congreso diera ayer luz verde a otras de sus propuestas: el reparto de las cargas salariales entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el caso de los jueces a la espera de un destino. Será el Gobierno quien pague la retribución básica y los complemento de destino a los jueces que estén en expectativa, mientras que el CGPJ se hará cargo de pagar los sueldos a los jueces adscritos a ese órgano, aunque no tengan funciones designadas. La mayoría de los grupos se felicitaron por la aprobación de esta ley, que, en palabras de la diputada del PNV Margarita Uría, supone pagar «una deuda» a jueces y magistrados acumulada durante años. Pese al casi unánime apoyo al nuevo texto, no faltaron las críticas de algunos de los promotores del proyecto. Andrés Ollero, del PP, reconoció la tardanza con la que el Parlamento ha afrontado la mejora en las retribuciones de los 4.000 jueces y 1.800 fiscales de España. La portavoz socialista, María José López, lamentó que finalmente los populares hubieran rechazado algunas de sus propuestas de mejoras técnicas, mientras que, desde CiU, Manel Silva dijo echar en falta que la norma, a parte de primar la productividad, no introduzca complementos como los de permanencia o especialidad.