El Gobierno quiere blindar este año las fronteras aéreas a la inmigración

El ministro del Interior, Ángel Acebes dejó claras las cuatro líneas de esta reforma: evitar el «fraude» de las entradas de falsos turistas, «simplificar y mejorar» los trámites burocráticos para los extracomunitarios legales, endurecer la lucha contra los que promueven la inmigración clandestina y dar todo tipo de cobertura legislativa para garantizar las expulsiones de los indocumentados detenidos. El titular de Interior justificó estos cambios de «sentido común» y «absolutamente necesarios», que «facilitarán la integración inmigrantes legales, ayudarán a la lucha contra la inmigración clandestina» y «ordenarán» los flujos migratorios en «beneficio» de los propios extranjeros. Acebes defendió con firmeza la reclamación de mayor control aerolíneas. El ministro fue tajante, al definir «los accesos con apariencia de legalidad» como el «problema más acuciante y complejo» al que se enfrentan las autoridades inmigratorias españolas. Ángel Acebes aprovechó la puesta de largo de la futura ley para pedir a las compañías aéreas «colaboración» en esta batalla contra la inmigración ilegal que -dijo- es un objetivo de «interés general para España». Tres son las nuevas obligaciones a los transportistas: las navieras y aerolíneas tendrán obligación, antes de iniciar el viaje, de «proporcionar a la autoridad española competente» un listado completo de los pasajeros que transportan a territorio nacional; las compañías deberán además desvelar el número de supuestos turistas con billete de ida y vuelta que no regresan y se convierte en «sin papeles»; y estas empresas deberán pagar a partir de ahora el coste de repatriar a los inmigrantes rechazados en tránsito. El endurecimiento del trato a los transportistas que trasladen sin papeles pasa asimismo por las multas multimillonarias que ayer recibieron luz verde en el Consejo de Ministros. Negarse a colaborar con Interior pasa a ser una falta muy grave penada con hasta 60.000 euros. Garantizar que los clandestinos expulsables no se dan a la fuga antes de poder repatriarles ha sido uno de los ejes fundamentales de las modificaciones Un simple policía tendrá potestad para obligar al inmigrante a presentarse periódicamente o a vivir en un determinado lugar, le podrá retirar el pasaporte o el documento acreditativo de su nacionalidad, decretar su ingreso en un calabozo por un período máximo de 72 horas e, incluso, con autorización judicial, mandarle a un centro de internamiento. Entre las medidas contra el «fraude» de la inmigración clandestina, el ministro Acebes destacó las limitaciones que el nuevo texto pondrá a las reagrupaciones familiares que estarán supeditadas a la «solvencia económica» y el contrato de trabajo del reagrupante.