Multas de hasta 500.000 euros para los transportistas implicados en el tráfico ilegal

Tres son las nuevas obligaciones a los transportistas que recoge el reformado artículo 66: las empresas navieras y aéreas tendrán la obligación, antes de iniciar el viaje, de «proporcionar a la autoridad española competente» un listado completo de los pasajeros que transportan a territorio nacional; desvelar el número de supuestos turistas con billete de ida y vuelta que no regresan y se convierte en sin papeles; y pagar además a partir de ahora el coste de repatriar a los inmigrantes rechazados en tránsito. El endurecimiento del trato a los transportistas que trasladen indocumentados pasa asimismo por multas multimillonarias. Negarse a colaborar con Interior para localizar los vuelos calientes de la inmigración clandestina pasa a ser una falta muy grave penada con hasta 60.000 euros, según los artículos 54 y 55. Este último introduce además la posibilidad de que la Administración penalice a las aerolíneas y navieras con entre 3.000 y 6.000 por cada clandestino que traigan a España o una fuerte multa de 500.000 euros por pasaje -«a tanto alzado»-, «con independencia del número de viajeros transportados». El texto suprime el permiso de residencia por razones humanitarias, si bien abre la posibilidad de que la Administración exima de visado excepcionalmente al inmigrante que crea oportuno, al que puede dar autorización para trabajar, un nuevo concepto en la legislación que sustituye al tradicional permiso de trabajo. La Administración podrá repescar a los inmigrantes que, habiendo disfrutado de un permiso de residencia, no lo hubieran podido renovar.