Interior busca sellar las fronteras terrestres a la inmigración ilegal tras blindar el espacio aéreo

Por tierra, mar y aire. El Ministerio del Interior, cuatro días después de aprobar el anteproyecto que reformará la Ley de Extranjería para blindar las fronteras aéreas a los inmigrantes irregulares, se propone ahora sellar igualmente las otras dos vías de entrada de «sin papeles»: la terrestre y la marítima. O lo que es lo mismo, llegar a acuerdos inmigratorios efectivos con Rumanía, el primer «exportador» de indocumentados por carretera, y con Marruecos, pese a que Rabat, una vez más, ha incumplido una nueva promesa, la de que su ministro del Interior firmaría este mes en Madrid un tratado para el control de fronteras. Interior es consciente de que las nuevas sanciones y obligaciones que se impondrán a las compañías aéreas a finales de año (delatar a los inmigrantes que no regresen o facilitar los listados completos de los pasajes) sólo servirán para abordar una buena parte del problema de la llegada de la inmigración clandestina, pero no todo. Después de los aeropuertos, la frontera con Francia se ha convertido en el segundo punto de entrada de ilegales. Una vía que, a diferencia de las pateras, está en claro ascenso, como quedó de manifiesto durante las dos ocasiones en que el pasado año el Gobierno suspendió los acuerdos de libre circulación de Schengen por motivos de seguridad en la presidencia española de la UE. Según datos oficiales, de enero a septiembre del pasado año, sólo el Cuerpo Nacional de Policía, gracias a los controles móviles, interceptó en los pasos fronterizos de La Junquera, Campodrón, Portobou, Canfranc, Les e Irún a 18.264 ciudadanos del Este de Europa, que pretendían entrar en España aprovechando la total ausencia de controles fronterizos entre ambos países. De estos irregulares, el 64%, 11.851 personas, era de origen rumano, el resto eran polacos, ucranianos, lituanos y búlgaros. Las estimaciones de los mandos de fronteras sobre el número de sin papeles eslavos y rumanos que entran irregularmente en España, sin embargo, multiplican por cinco las cifras de las personas rechazadas y devueltas. Los cálculos se acercan a los 100.000 clandestinos al año, cuatro veces más que el número de «sin papeles» interceptados en las costas andaluzas y canarias.