El Parlamento vasco evita la disolución de SA y pide otro informe jurídico

El órgano rector de la cámara vasca analizó la resolución judicial y decidió, tal y como propusieron los representantes de PNV y EA, solicitar antes a sus servicios jurídicos un informe para saber si es necesario o no modificar el reglamento de la cámara para proceder a la disolución del grupo parlamentario aberzale. Para sacar adelante esta propuesta, el presidente Juan María Atutxa tuvo que utilizar el voto de calidad. En la votación, el socio de gobierno del nacionalismo, IU, se abstuvo para defender la presentación de un conflicto jurisdiccional. Por su parte, populares y socialistas volvieron a exigir el inmediato cumplimiento de la resolución judicial. El de ayer es el segundo informe que la Mesa de Presidencia solicita a los servicios jurídicos del Parlamento. Según explicó el representante de EA, Gorka Knorr, responde a la necesidad de «informarse de todos los extremos en torno al auto y la discusión que hemos tenido en la Mesa». El dirigente nacionalista anunció que su actuación seguirá la doctrina que recoja el informe, aunque matizó que su partido «ha dicho por activa, pasiva, reflexiva y perifrástica que en ningún caso va a permitir un proceder que entendemos es contrario al fuero parlamentario». «Ésa es mi posición política, otra cosa es que, responsablemente, como miembro de la Mesa uno quiera informarse», añadió Knorr. El informe debe establecer el procedimiento para aplicar la orden del Supremo, por ejemplo, si es necesario modificar el reglamento o si se podría ejecutar la disolución del grupo mediante una resolución de la Mesa de Presidencia. IU insistió en que es necesario presentar un conflicto de jurisdicción contra el Supremo, acción que debería emprender el Gobierno vasco. Para este cometido, el partido que dirige Javier Madrazo en Euskadi se ha desmarcado de sus socios de gobierno y ha registrado una proposición no de ley con la que reclama a la cámara apoyo a su propuesta. Por su parte, el diputado del PP Carmelo Barrio enmarcó la decisión de la Mesa en la «estrategia de la maniobra dilatoria» y denunció que «es una burla del Estado de Derecho, es reírse del ordenamiento jurídico vigente». El parlamentario del PSE Manuel Huertas defendió que la Mesa de Presidencia y la Junta de Portavoces dicten una resolución acorde a lo dispuesto en el artículo 22.4 del reglamento y similar a la utilizada en el Parlamento de Navarra «si se quiere cumplir sin demora» la resolución del Supremo. «No hay que discurrir mucho y menos si ya lo ha hecho otra cámara», sentenció. Ley de partidos a cargo de SA En cambio, la Mesa del Parlamento Vasco admitió ayer a trámite la proposición de ley para la creación de una ley de partidos políticos vascos elaborada por el grupo Sozialista Abertzaleak. Los representantes de PP y PSE, se opusieron a que se iniciara esta tramitación, que deberá ser ratificada por el pleno de la Cámara, al ser un proyecto de ley. La Mesa del Parlamento Vasco acordó el 1 de abril solicitar un informe jurídico sobre la pertinencia de admitir a trámite esta iniciativa que, según los servicios de la Cámara, debe ser admitida. Los servicios jurídicos del Parlamento de Vitoria se basaron en resoluciones del Tribunal Constitucional para proponer la admisión de la iniciativa en las que establece que la Mesa de la Cámara «debe realizar un control de la regularidad formal de las iniciativas» y no sobre la constitucionalidad o no de ellas. PP y PSE sostienen que hay precedentes para la no admisión de este tipo de iniciativas que pueden ser inconstitucionales al intentar regular una materia sobre la que la Comunidad Autónoma no tiene competencia. El texto de la proposición sostiene que los ciudadanos de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa «podrán formar partidos políticos libremente según lo establecido en el Estatuto de Autonomía y en la presente ley» y que estas formaciones «ejercerán libremente sus actividades, respetando siempre los derechos humanos y los principios y valores democráticos».