El TSJM rechaza la querella contra Sáez y Tamayo al ser «conjeturas e hipótesis»

? El Tribunal Superior de Justicia de Madrid cree que la traición con la que Eduardo Tamayo y de María Teresa Sáez entregaron la Asamblea regional al PP e impidieron la investidura del candidato socialista es, a tenor de las pruebas aportadas por el PSOE, un hecho «exclusivamente político». Con ese argumento, la Sala de lo Civil y lo Penal de ese tribunal rechaza la querella presentada por la formación socialista al entender que no aporta un solo dato que permita interpretar la acción de los tránsfugas como parte de una trama de corrupción político-inmobiliaria para impedir que el socialista Rafael Simancas gobierne la Comunidad Autónoma de Madrid, por lo que nada apunta a la existencia de un delito de cohecho. La sala, según el criterio de tres de sus cuatro miembros, considera que el relato de hechos que hace la querella «no describe delito alguno» y su narración de una presunta trama de corrupción no admite «tan siquiera la simple conceptualización de sospecha fundada». En una dura argumentación jurídica, el auto señala que las acusaciones contra los querellados «no superan la fase de conjeturas o hipótesis inválidas para imponer la carga del proceso penal» a estas personas. Muy al contrario, un cuarto magistrado, Antonio Pedreira, al que hubiera correspondido investigar la supuesta trama de haber sido admitida la querella, considera que sí hay indicios de un posible hecho delictivo suficientes para abrir una investigación que esclarezca si los diputados fueron sobornados para impedir la investidura de Simancas. La querella rechazada imputaba un delito continuado de cohecho a los diputados socialistas 'traidores' Tamayo y Sáez; a su mentor político, José Luis Balbás; a los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez, militantes del Partido Popular de los que se dice que corrompieron a los primeros; así como al secretario general del PP en Madrid, Ricardo Romero de Tejada, y al abogado y afiliado del PP José Esteban Verdes, a los que considera enlaces de los corruptores con el PP. El auto, cuyo ponente es el magistrado José María Suárez Robledano, portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), dice que la querella, con una colección de «conjeturas», pretende demostrar que los acusados cometieron un delito de cohecho, pero en momento alguno cita la existencia de un pago, un premio o una dádiva por la traición, que es el elemento fundamental para que exista este delito. La Fiscalía Anticorrupción comenzó a estudiar si recurrir o no la inadmisión de la querella, determinación que tomará una vez hayan estudiado el auto judicial. El caso es competencia directa de la Fiscalía Anticorrupción, pues así lo ordenó la semana pasada el fiscal general tras retirarle el asunto a la Fiscalía de Madrid, que había abierto una investigación previa sobre los hechos. La atribución, según establece la ley, permitiría al fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, recurrir en súplica ante el tribunal madrileño la inadmisión de la querella sin consultar ni pedir la autorización expresa a Jesús Cardenal. El fiscal general y Jiménez Villarejo mantienen un enfrentamiento total. Éste último ejerce en funciones su jefatura, pues, gracias a un cambio legal, cesó en el cargo el 26 de junio pasado y Cardenal ya le ha comunicado que no va a proponerle al Ministerio de Justicia para su renovación.