Diario de León

La medida entrará en vigor antes de que los parlamentarios se vayan de vacaciones

El Congreso aprobará hoy la orden de protección a las mujeres maltratadas

El reciente asesinato de dos mujeres a manos de sus parejas ha agilizado los trámites

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ap | madrid
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El Congreso aprobará hoy por fin la orden de protección a las mujeres maltratadas. El reciente asesinato de dos mujeres ha agilizado los trámites parlamentarios para que se discuta la iniciativa en un pleno extraordinario de la Cámara baja. A pesar del consenso sobre la necesidad de la medida, PP y oposición se enzarzaron en un nuevo rifirrafe con ataques y descalificaciones recíprocos. Los socialistas e Izquierda Unida se aprestaron a reclamar la modificación urgente del orden del día de la Comisión Permanente de la Cámara. Con ello se pretendía celebrar una sesión extraordinaria para dar el visto bueno definitivo a la orden de protección a las víctimas de la violencia doméstica. Pese a que el PP se oponía en un principio a la demanda de la oposición, al final se avino a la petición, no sin antes acusar a los socialistas de «oportunismo». Populares y socialistas se enredaron el lunes en un agrio debate en el que unos y otros se responsabilizaban del retraso en la aprobación de la iniciativa. Mientras el PSOE argumentó que el PP estaba demorando la aprobación porque no se han previsto fondos en los Presupuestos Generales del Estado, el ministro de Justicia, José María Michavila, imputó a los grupos socialistas del Congreso y el Senado de trabajar descoordinados. Según el titular de Justicia, la orden había sido remitida al Senado, donde el PSOE y el resto de los grupos parlamentarios plantearon nuevas propuestas, de manera que el calendario de aplicación quedó fuera de las manos del Ejecutivo. Asesinatos recientes Superados los roces -en la mente de todos estaba el asesinato de dos mujeres en Santander y Premiá de Mar (Barcelona)-, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Jesús Caldera, se felicitó por el logro conseguido, aunque no desaprovechó la oportunidad de tildar de «irresponsable» a Michavila, expresión también invocada por Felipe Alcaraz, de IU. En opinión de Caldera, el PP ha ofrecido con su rectificación un «espectáculo kafkiano». La representante del PP, María Jesús Sáinz, intentó justificar su cambio de postura. A su entender, su primera negativa a convocar un pleno extraordinario, que se trocó después en asentimiento, obedece a que el PP «no está dispuesto a seguir la deslealtad parlamentaria del PSOE, que lo quería plantear como si los demás grupos no lo quisiéramos hacer». «En este asunto no nos pueden dar una lección», apostilló Sáinz. Con el acuerdo alcanzado, la iniciativa entrará en vigor antes de vacaciones. La orden de protección funcionará como una suerte de escudo protector integral de las víctimas de maltrato, una «ventanilla única» que centralizará todos los procedimientos y evitará las demoras que tantas veces han resultado mortales. Ese paraguas integral lo activará el juez en un plazo máximo de 72 horas a partir de la denuncia (o en las primeras 24 horas si así lo decide el magistrado de guardia), e incluirá la adopción de forma coordinada de medidas judiciales, sociales, asistenciales y de información permanente a las víctimas. Observatorio contra la violencia Por su parte, el Observatorio contra la Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha convocado el próximo jueves, 31 de julio, la Comisión de Seguimiento para la aplicación de la Ley de la Orden de protección para víctimas de la violencia doméstica, con el fin de deliberar y aprobar el modelo de solicitud de la orden, según informó ayer en un comunicado esta Institución. «Con ello, y antes de que la norma entre en vigor en los primeros días del mes de agosto, la Comisión de Seguimiento distribuirá un modelo de solicitud de la orden de protección a todas las instituciones que, según el texto legal, deben disponer de él para ponerlo a disposición de las víctimas», añade. Asimismo, la Comisión tiene previsto también deliberar y aprobar un Protocolo de alcance general para coordinar la actuación de todas las instituciones llamadas a la aplicación de la Ley.

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