El PSOE exige que se investigue la empresa en la que trabajaba Romero de Tejada

El PSOE exigió ayer a la Fiscalía General de Estado que abra una investigación especial para aclarar si MIC, la empresa para la que trabajaba el secretario general del PP en Madrid, Ricardo Romero de Tejada, es la «tapadera» de operaciones urbanísticas que podrían constituir un delito. Una empresa que Romero de Tejada «olvidó» mencionar durante su comparecencia parlamentaria, a pesar de cobrar una nómina mensual de 1.200 euros y cotizar a la Seguridad Social a través de ella hasta el pasado miércoles, día en el que presentó su dimisión. Rafael Simancas, líder de la FSM, advirtió al PP de que no cesar a su secretario regional perjudicará a los populares en los comicios del 26 de octubre. Los socialistas reconocen que la comisión de investigación no está sirviendo para mucho. En ella aún no han aparecido pruebas concluyentes sobre la presunta trama inmobiliaria que creen que se esconde tras la fuga de los dos tránsfugas porque, según dicen, el PP les ha impedido convocar a personas clave y tampoco ha permitido a los grupos disponer de documentación que facilite su trabajo. Además de estas trabas denuncian que la Fiscalía General no haya actuado de oficio y comparan esta situación con la rápida actuación de la Justicia en situaciones de similar gravedad, como la crisis de Marbella. Consejeros de Caja Madrid Las conclusiones de la investigación de la Asamblea se debatirán y aprobarán el próximo 25 de agosto en un pleno extraordinario en el que, además, se nombrarán a los consejeros de Caja Madrid que corresponden a PP (20), PSOE (16) e IU (4). De ese reparto, según acordó la Mesa de la Cámara, quedarán excluidos los tránsfugas. Ante la insistencia del PSOE por privar a Tamayo y Sáez de los beneficios de pertenecer al Grupo Mixto, el PP planteó en la Mesa una solución intermedia: rebajar a la mitad las subvenciones fijas de los grupos parlamentarios y aumentar en un 40 por ciento la variable, es decir, la que perciben en función del número de escaños que tenga cada uno. Esta medida afectaría al Grupo Mixto, al que sólo pertenecen ahora los dos tránsfugas, pero también a IU, que sólo cuenta con nueve diputados.