Casi dos tercios de las rentas agrarias proceden ya de la PAC y las pensiones

Casi las dos terceras partes de las rentas que percibe la población leonesa vinculada al sector agrario dependen actualmente de las ayudas de la PAC o de las pensiones de la Seguridad Social, lo que convierte a las zonas rurales en un pozo sin fondo de aportaciones de fondos públicos. Según la última memoria del sindicato agrario Asaja, teóricamente la producción final del sector en la provincia, sumando la agrícola a la ganadera, ascendió el año pasado a 445 millones de euros (unos 74.000 millones de las antiguas pesetas), pero, descontados costes e impuestos, la renta neta final para la población activa queda apenas reducida en euros a apenas 152 millones. Los ingresos de la población campesina se están complementando para garantizar su supervivencia en los pueblos de origen con las ayudas de la PAC a casi todo tipo de cultivos y ganadería, que a precios de mercado suponen casi un 20% del total (91 millones de euros) y, sobre todo, con las pensiones de la Seguridad Social, en su mayor parte anticipadas a la edad normal de jubilación. Estas últimas, por sí solas, superan ya los 170 millones, equivalentes a más de 28.000 millones de las desaparecidas pesetas, muy por encima de la renta neta de los agricultores en activo. Según el presidente provincial de Asaja, José Antonio Turrado, la dependencia de la población agraria de pensiones y subvenciones crece porcentualmente cada año y supone ya casi las dos terceras partes de la renta en la mayoría de las comarcas, «que probablemente siga creciento a corto y medio plazo o, como mínimo, hasta el año 2013 porque después, cuando vuelva a revisarse la PAC, todo será una incógnita». Irreversible Según Turrado, el elevado índice de dependencia de la población campesina leonesa respecto al dinero público, al margen de que todos los que cobran hayan cotizado antes a la Seguridad Social y Hacienda -aunque no lo sufiente para que el régimen especial agrario no sea crónicamente deficitario- es superior al del resto de las provincias de la autonomía y se sitúa, con mucho, muy por encima de la media nacional. Las razones son obvias: una sector agrario minifundista y con economía de mera subsistencia que hasta hace escasas décadas acaparaba hasta un tercio de la población activa provincial, ahora trasvasada masivamente a pensiones de jubilación o prejubilación, todo ello dentro de una reconversión casi salvaje del sector aunque no produjera grandes protestas sociales como las del metal o la minería, a las que, incluso, llegó a anticiparse. Los sindicatos agrarios consideran que el proceso es irreversible, al igual que en el resto de la Unión Europea, y se conforman con dejar rodar las cosas hasta que la población activa en el sector toque fondo y se estanque en niveles aún más bajos, en torno al 5% del total, como sucede ya en los países más industrializados. Mientras tanto, las ayudas de la PAC seguirán sirviendo para mantener los cultivos a precios políticos y para fijar la población en extensas zonas que, de lo contrario, quedarían desertizadas. «La población agraria quedará limitada a un 5%, como en el resto de Europa» JOSÉ ANTONIO TURRADO, secretario de Asaja