El PSOE se opone a que Defensa venda suelo para comprar armas
El PSOE rechaza la pretensión del Ministerio de Defensa de subastar solares de su propiedad por valor de unos 180 millones de euros para sufragar parte de la inversión en armamento aprobada por el Consejo de Ministros el pasado viernes, y que asciende a más de 4.000 millones de la moneda común. Jesús Caldera, portavoz parlamentario de los socialistas, hizo ayer un llamamiento a los ayuntamientos afectados por la iniciativa para que recalifiquen esos terrenos de manera que sólo puedan ser destinados a usos sociales. En una rueda de prensa ofrecida en Salamanca, Caldera denunció los planes del departamento que dirige Federico Trillo y reclamó a los municipios en cuyos términos se encuentran esos terrenos -Alcorcón (Madrid), Zaragoza, Valladolid, Soria y Barcelona, entre otros- que modifiquen las condiciones de uso de esos suelos y los destinen, por ejemplo, «a la construcción de viviendas de carácter social», al objeto de evitar que puedan ser utilizados en procesos de especulación urbanística. Iniciativa en el Congreso Con esta intención, los socialistas presentarán hoy una iniciativa en el Congreso para que la cámara baja obligue al Gobierno a dedicar este terreno a «viviendas sociales y no para armamento». Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, calificó la iniciativa de Defensa como «vergonzosa y probablemente ilícita». Amén de criticar que el departamento que dirige Trillo «es uno de los pocos lugares de España donde el patrimonio de los ciudadanos es subastado a mano alzada, una práctica que tiende a encarecer el precio de las viviendas», el mandatario socialista recordó que «lo que la Constitución garantiza es que los españoles tengan acceso a una vivienda digna y no a una guerra digna cada cierto tiempo, a una bomba o a un cañón». Además, Bono explicó que ese suelo es de todos los españoles, no de Defensa, ya que en muchos casos se trata de terrenos cedidos por los propios ayuntamientos «o simplemente ocupados». Mediante un comunicado, el Ministerio de Defensa salió al paso de esas críticas y aseguró que las entidades públicas tendrán preferencia en la subasta de suelo de propiedad militar, lo que permitirá liberar suelo para la construcción con fines sociales y «abaratar el coste de la vivienda». El proceso estará supervisado por la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de Defensa (Gied). El PSOE no cree estas explicaciones, y pone como ejemplo el de la localidad madrileña de Alcorcón, donde el departamento pretende vender casi un millón de metros cuadrados que el anterior equipo municipal de la localidad, del PP, pretendía destinar a la construcción de viviendas de precio libre. El plan fue paralizado por la Comunidad de Madrid.